1990 ALMANAQUE MUNDIAL Poderes

Mijail Gorbachov

El 24 de septiembre de 1990, el Sóviet Supremo concede poderes extraordinarios a Mijaíl Gorbachov para afrontar la crisis económica

El 24 de septiembre de 1990, el Sóviet Supremo de la Unión Soviética concedió poderes extraordinarios a Mijaíl Gorbachov para afrontar la crisis económica. La sesión mostró la disputa entre el proyecto radical de los 500 días, respaldado por Borís Yeltsin, y la estrategia más gradual del Gobierno de Nikolái Ryzhkov, mientras la economía soviética sufría desabastecimiento, déficit y una creciente desorganización productiva.

La resolución que otorgó las nuevas facultades presidenciales fue aprobada por 305 votos a favor, 36 en contra y 41 abstenciones. Permitía a Gorbachov dictar medidas sobre propiedad, organización económica, sistema financiero y presupuestario, salarios y precios hasta el 31 de marzo de 1992. La decisión pretendía acelerar las respuestas ante una crisis que ya afectaba el funcionamiento cotidiano del Estado soviético.

La discusión económica enfrentaba dos concepciones. Una estaba representada por el primer ministro Ryzhkov, partidario de conservar un fuerte poder central y avanzar gradualmente hacia una economía regulada. La otra provenía del equipo reunido alrededor del economista Stanislav Shatalin y del presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Borís Yeltsin, que proponía una transformación mucho más rápida.
El llamado Plan de los 500 días había sido elaborado durante el verano por un grupo de economistas encabezado por Shatalin. Entre sus autores figuraban Grigori Yavlinski, Alexéi Vavilov, Leonid Grigoriev, Mijaíl Zadornov y Yevgueni Yasin. El documento planteaba abandonar progresivamente la planificación central, reducir la intervención estatal, desestatizar empresas y crear las instituciones necesarias para una economía de mercado.
La propuesta contemplaba una transformación profunda de la propiedad. Cerca del 80 por ciento de la economía podía pasar al sector privado, mientras las grandes empresas estatales serían convertidas en sociedades por acciones y los pequeños comercios y restaurantes podrían convertirse en propiedades individuales. También se contemplaba que los agricultores abandonaran las granjas colectivas y recibieran tierras y medios para explotarlas.
La liberalización de precios constituía otro de los puntos centrales. Después de un período inicial de estabilización fiscal, los precios debían dejar de ser determinados por la burocracia y responder progresivamente a la oferta y la demanda. Se preveía además reducir los subsidios a empresas deficitarias, desarrollar un sistema bancario comercial y permitir nuevas formas de inversión y comercio con el exterior.
Yeltsin había convertido el programa en una bandera política dentro de Rusia. La república más grande de la Unión Soviética ya había aprobado su propia estrategia de transición y pretendía avanzar incluso si el Parlamento de toda la Unión no aceptaba el mismo ritmo. El enfrentamiento económico se mezclaba así con otro conflicto: la creciente disputa entre las autoridades de la Unión y las repúblicas que reclamaban soberanía.
Gorbachov intentó conciliar ambas posiciones. La comisión que debía elaborar un programa común quedó encabezada por él y recibió el encargo de presentar una propuesta al Parlamento a mediados de octubre. La fórmula permitió evitar una ruptura inmediata con los partidarios de Ryzhkov, pero tampoco resolvió las diferencias sobre la velocidad de las reformas, la propiedad y la distribución del poder económico.
El enfrentamiento se prolongó durante las semanas siguientes. Finalmente, el 19 de octubre, el Sóviet Supremo aprobó las "Directrices básicas para la estabilización de la economía y el paso a la economía de mercado", un programa de compromiso entre las posiciones de Ryzhkov y las propuestas asociadas con Shatalin. La votación obtuvo 356 votos favorables, 12 contrarios y 26 abstenciones.
La decisión de octubre estableció una transición prevista para aproximadamente un año y medio o dos años e incluyó la comercialización y privatización progresiva de empresas estatales, una liberalización gradual de precios y nuevas medidas financieras. La cuestión de la propiedad privada de la tierra quedó pendiente, mientras el Gobierno buscaba mantener mecanismos de protección social durante el proceso.
Ramírez de Velasco®