BUROCRACIA La góndola del delirio

Quedaba donde ahora está Castillo

Fue un experimento comercial para pocos, devorado por trámites, negligencia, caprichos políticos y vanas esperanzas colectivistas

Uno de los fracasos más inolvidables del gobierno de Carlos Arturo Juárez fue aquel supermercado estatal instalado en Tucumán al 200, inaugurado con un amplio despliegue de bombos, platillos, gaitas, tambores redoblantes, zampoñas, pífanos, pitos y flautas, todo junto, todo al mismo tiempo, como si la música fuese a garantizar el éxito. Funcionó —si es que el verbo aplica— por 1984, quizá 1985, tal vez 1986, hasta morir de una muerte natural, silenciosa, cuando ya vendía dos o tres productos y el vasto salón se desmoronaba en un olvido gris, ominoso.

Lo extraordinario es que tenía todas las condiciones para arrasar con la competencia: empleados públicos financiados por el erario, proveedores ansiosos por congraciarse con el Jefe máximo del gobierno de la Provincia, exenciones impositivas varias y un sistema de “consideraciones” que, traducido al castellano llano, significaba favores.

La venta era exclusiva para empleados públicos, otra delicadeza que convertía a todos los santiagueños —contribuyentes incluidos— en financistas involuntarios de un club privado que jamás pidió permiso para usar el dinero de los demás.
Desde el inicio fue un desastre: el sistema estaba diseñado para el fracaso. Los proveedores se elegían por amistad política, no por precio. Y, aun así, con empleados pagados por el Estado, el supermercado podía competir “alguito”, como quien lanza una moneda al aire esperando que salga canto.
El problema era la lógica interna: como las compras se hacían “al manchanchi”, con plata pública, los encargados pagaban lo que les pedían, sin discutir precios ni acordar plazos. No había comparación, negociación, ni sentido del costo: total, nada salía de sus bolsillos. El Estado comprando y vendiendo al Estado, con una burocracia tan espesa que había logrado que un litro de aceite marca Piupiú costara lo mismo que un lingote de oro de 18 quilates.
Pero, aunque usted no lo crea, hay quienes sostienen que, si se hubieran evitado ciertos “defectitos” —corrupción, desinterés, incompetencia administrativa, burocracia infinita— el invento habría funcionado a la perfección. Según ellos, el único problema es que el experimento santiagueño no fue el verdadero colectivismo.
Ahí aparece el razonamiento mágico: si se elimina a los empresarios, las transacciones se vuelven puras, limpias, cristalinas, casi sagradas. “¿Siempre funciona?”, pregunta el ingenuo que alguito de historia ha leído. En todos los lugares donde lo intentaron fracasó, pero la respuesta es invariable: “Sí, fracasó, pero es porque no fue el auténtico”.
La excusa final es una joya: aquello ocurrió bajo Juárez, “un derechista maldito, violador de derechos humanos”. En cambio —dicen ellos— los verdaderos representantes de la virtud son los que inventaron la doctrina según la cual lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y lo de todos es un tesoro sin dueño. Con esa convicción, aseguran, no puede fallar.
Y la rueda sigue dando vueltas: cada fracaso estatal se explica diciendo que “no fue el verdadero”, cada intento se vende como el definitivo, y siempre hay alguien dispuesto a creer que esta vez sí, esta vez marchará de maravilla, esta vez funcionará de puta madre. Porque el colectivismo perfecto, que, prometen, llevará al Paraíso del Proletariado, está siempre a un intento de distancia.
¿Sí che?
Vení contame.
Juan Manuel Aragón
A 9 de enero del 2026, en Tintina. Buscando la majada.
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