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| Juan Manuel de Rosas |
El 21 de noviembre de 1857, se publicó una defensa escrita por Juan Manuel de Rosas desde su exilio en Inglaterra
El 21 de noviembre de 1857, el diario La Tribuna, de Buenos Aires, reprodujo una defensa escrita por Juan Manuel de Rosas desde su exilio en Inglaterra. El antiguo gobernador de Buenos Aires protestaba contra el proceso judicial iniciado en su contra, rechazaba las acusaciones que pesaban sobre su administración y cuestionaba la confiscación de sus bienes. La publicación porteña difundió un documento que el exiliado había preparado para defender su conducta pública y sus intereses patrimoniales ante sus compatriotas y ante la opinión internacional.La caída de Rosas se había producido el 3 de febrero de 1852, cuando las fuerzas encabezadas por Justo José de Urquiza lo derrotaron en la batalla de Caseros. Después de abandonar Buenos Aires, se embarcó rumbo a Inglaterra, y se instaló en Southampton. Desde allí siguió los acontecimientos políticos de su país, mantuvo correspondencia con antiguos aliados y procuró responder a las decisiones adoptadas por las autoridades porteñas. El exilio no lo apartó de las disputas que habían marcado su gobierno.La situación judicial se agravó en 1857, cuando la Legislatura del Estado de Buenos Aires sancionó la Ley 139, promulgada el 29 de julio. La norma declaró a Rosas reo de lesa patria por los actos atribuidos a su gobierno y dispuso la confiscación de sus bienes. También estableció que los tribunales ordinarios debían conocer los delitos que se le imputaban. La medida abrió un proceso en ausencia, mientras el acusado permanecía en territorio británico.
El juicio quedó a cargo del juez Sixto Villegas, con intervención del fiscal Emilio Agrelo. Las acusaciones comprendían asesinatos, ejecuciones, persecuciones políticas y apropiaciones de propiedades durante los años en que Rosas había ejercido el poder. La causa también se relacionaba con las reclamaciones de quienes pretendían obtener reparaciones por los daños sufridos durante aquel período. La controversia excedía, por lo tanto, la situación personal del exgobernador y alcanzaba la discusión sobre las responsabilidades de su administración.
La confiscación constituía uno de los puntos centrales de la protesta. Rosas sostenía que sus propiedades habían sido adquiridas legítimamente y rechazaba que se las considerara producto del uso privado de los fondos públicos. Entre los argumentos que presentó figuraba el gasto atribuido a la construcción y el mantenimiento de Palermo, cuya cuantía se había convertido en motivo de controversia. También alegaba que había servido al Estado sin percibir remuneración por sus funciones.
La defensa circuló en español, inglés y francés, una decisión que ampliaba sus posibilidades de difusión fuera de la Argentina. Desde Inglaterra, Rosas procuraba que su versión de los acontecimientos llegara tanto a sus compatriotas como a lectores extranjeros. La publicación en La Tribuna permitió que el documento apareciera en la prensa porteña en medio de una disputa que involucraba al gobierno, a los tribunales y a los partidarios de las distintas corrientes políticas.
La respuesta del antiguo gobernador no se limitó a discutir las acusaciones patrimoniales. También cuestionó la legitimidad del procedimiento y negó que sus adversarios pudieran constituirse en jueces imparciales de su conducta. En su planteo, la confrontación política posterior a Caseros condicionaba el proceso judicial. La defensa buscaba separar las responsabilidades que pudieran demostrarse de las imputaciones que, a su entender, respondían a la enemistad de sus vencedores.
El documento expresaba, además, una disputa por la memoria de los años rosistas. Mientras sus acusadores procuraban establecer responsabilidades por la violencia política y las confiscaciones, Rosas insistía en su propia interpretación de los hechos. Cada parte invocaba argumentos jurídicos y políticos para sostener su posición. La controversia se desarrollaba en una Buenos Aires separada de la Confederación Argentina, división que mantenía abiertas las diferencias surgidas después del derrocamiento del antiguo gobernador.
La publicación tuvo lugar cuando el proceso seguía su curso y la discusión sobre los bienes confiscados adquiría consecuencias concretas. Las tierras y propiedades de Rosas estaban sujetas a disposiciones que permitían su venta, de modo que el conflicto no se reducía a una cuestión de prestigio personal. Estaban en juego intereses económicos, reclamaciones patrimoniales y la posibilidad de que las decisiones adoptadas por las autoridades porteñas fueran discutidas desde el extranjero.
La sentencia del juez Villegas llegaría el 17 de abril de 1861, cuando Rosas fue condenado en ausencia a muerte y a restituir los bienes que, según el fallo, había sustraído a particulares y al fisco. La decisión se produjo varios años después de aquella publicación periodística y profundizó la controversia sobre el carácter judicial y político del proceso. Rosas continuó viviendo en el exilio hasta su muerte, ocurrida el 14 de marzo de 1877 en Southampton.
Ramírez de Velasco®



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