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| Amelia Ducca |
El 25 de junio del 2002 Chiquitoni Ducca, esposa del legislador Mariano Poliche, denunció un presunto esquema de coimas en la Legislatura provincial
El 25 de junio del 2002, un escándalo sacudió la política de Tucumán, Argentina, cuando la santiagueña Amelia Alejandra Ducca, Chiquitoni, entonces esposa del legislador Mariano Poliche, denunció un presunto esquema de coimas en la Legislatura provincial.
Según su testimonio, se habrían repartido 2 millones de pesos en Lecop (bonos provinciales) para garantizar la aprobación de una ley que declaraba la necesidad de reformar la Constitución de Tucumán. La acusación apuntó a 27 legisladores, al vicegobernador Sisto Terán y al gobernador Julio Miranda.
La denuncia, presentada ante el fiscal anticorrupción Esteban Jerez, detalló que el dinero se distribuyó en la casa del legislador Juan Antonio Ruiz Olivares, en Yerba Buena. Según su relato, Osvaldo Jaldo, Poliche, Ruiz Olivares y Gustavo Rojas Alcorta recibieron 200.000 pesos cada uno, mientras que los 23 legisladores restantes obtuvieron 50.000 pesos cada uno, quedando un sobrante de 50.000 pesos repartido entre Poliche, Ruiz Olivares y Jaldo.
El objetivo de la reforma constitucional era incorporar la reelección, un proyecto impulsado durante la gestión de Miranda (1999-2003). La votación para aprobar la ley ocurrió el 20 de febrero de 2002, cuando la crisis económica y social azotaba la Argentina, marcada por saqueos, desnutrición infantil y el default.
La investigación fue iniciada tras una denuncia del concejal Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, el 22 de febrero del 2002. La fiscal Teresita Marnero, de la III Nominación, fue encargada de determinar si el testimonio de Chiquitoni Ducca constituía falso testimonio, ya que el 30 de julio de 2002, ante el juez Víctor Manuel Pérez, ella se retractó de sus acusaciones.
El caso generó conmoción en Tucumán y derivó en un pedido de juicio político contra Sisto Terán, acusado de enriquecimiento ilícito y cohecho activo. El juez Pérez solicitó a la Legislatura su destitución para proceder con el juicio penal, pero la investigación perdió impulso con el tiempo.
En noviembre del 2003, la Corte Suprema de Tucumán excluyó el testimonio de Ducca como prueba válida, debilitando la causa. En el 2010, la jueza Mirta Lenis de Vera rechazó un pedido de sobreseimiento del fiscal Pedro Gallo, pero esta resolución no fue notificada.
El expediente resurgió en el 2019, cuando la secretaria Karina Rivera lo encontró bajo un armario en el Juzgado de Instrucción Penal 5. Sin embargo, la causa fue archivada por el transcurso del tiempo, según la doctrina del plazo razonable para la acción penal.
A pesar de su impacto inicial, el caso no resultó en condenas, beneficiando a los 27 legisladores y autoridades involucrados, varios de los cuales continuaron en la función pública.
Juan Manuel Aragón
Ramírez de Velasco®
El objetivo de la reforma constitucional era incorporar la reelección, un proyecto impulsado durante la gestión de Miranda (1999-2003). La votación para aprobar la ley ocurrió el 20 de febrero de 2002, cuando la crisis económica y social azotaba la Argentina, marcada por saqueos, desnutrición infantil y el default.
La investigación fue iniciada tras una denuncia del concejal Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, el 22 de febrero del 2002. La fiscal Teresita Marnero, de la III Nominación, fue encargada de determinar si el testimonio de Chiquitoni Ducca constituía falso testimonio, ya que el 30 de julio de 2002, ante el juez Víctor Manuel Pérez, ella se retractó de sus acusaciones.
El caso generó conmoción en Tucumán y derivó en un pedido de juicio político contra Sisto Terán, acusado de enriquecimiento ilícito y cohecho activo. El juez Pérez solicitó a la Legislatura su destitución para proceder con el juicio penal, pero la investigación perdió impulso con el tiempo.
En noviembre del 2003, la Corte Suprema de Tucumán excluyó el testimonio de Ducca como prueba válida, debilitando la causa. En el 2010, la jueza Mirta Lenis de Vera rechazó un pedido de sobreseimiento del fiscal Pedro Gallo, pero esta resolución no fue notificada.
El expediente resurgió en el 2019, cuando la secretaria Karina Rivera lo encontró bajo un armario en el Juzgado de Instrucción Penal 5. Sin embargo, la causa fue archivada por el transcurso del tiempo, según la doctrina del plazo razonable para la acción penal.
A pesar de su impacto inicial, el caso no resultó en condenas, beneficiando a los 27 legisladores y autoridades involucrados, varios de los cuales continuaron en la función pública.
Juan Manuel Aragón
Ramírez de Velasco®
Nada nuevo bajo el sol
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