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1943 CALENDARIO NACIONAL Rodríguez Conde

Pedro Pablo Ramírez, presidente en 1943

El 6 de agosto de 1943 se cree la Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad, presidida por Matías Rodríguez Conde

El 6 de agosto de 1943 se creó por decreto la Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde en el gobierno de facto surgido de la Revolución de 1943, con el objeto de examinar las prórrogas de concesiones otorgadas en 1936 a empresas como la CHADE y la CIAE en la ciudad de Buenos Aires. Integrada además por el ingeniero Juan Sábato y el abogado Juan Pablo Oliver, recopiló durante meses testimonios, documentos y pruebas sobre presuntos sobornos y maniobras irregulares durante la llamada Década Infame, elaboró un extenso informe técnico y administrativo de más de 600 páginas que se entregó en mayo de 1944 y expuso mecanismos de corrupción, monopolios y perjuicios a los usuarios.
Nació en un contexto de transición política tras el golpe militar del 4 de junio de 1943 que derrocó al presidente Ramón Castillo. El general Pedro Pablo Ramírez encabezaba el gobierno de facto y buscaba investigar irregularidades de los gobiernos anteriores. El decreto 4.910 del 6 de agosto y un decreto complementario del 28 de agosto formalizaron la creación del cuerpo, que tenía amplias facultades para citar testigos, requerir documentación y analizar contratos.
La comisión se centró en las ordenanzas 8.028 y 8.029 sancionadas en diciembre de 1936 por el Concejo Deliberante de Buenos Aires. Estas prorrogaron por décadas las concesiones de las compañías argentinas de electricidad controladas por capitales extranjeros, principalmente belgas y suizos a través de la CHADE y la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad. Las prórrogas se concedieron en medio de fuertes sospechas de pagos irregulares a concejales y funcionarios.
Durante casi un año, los miembros de la comisión revisaron archivos, intercambios telegráficos internos de las empresas y declaraciones de involucrados. Entrevistaron a ex concejales, funcionarios de la Concordancia y de la Unión Cívica Radical, y técnicos del sector eléctrico. Recopilaron evidencia sobre cómo las empresas inflaban tarifas, realizaban maniobras contables y obtenían beneficios extraordinarios en detrimento de los consumidores.
El informe final, entregado el 27 de mayo de 1944, constó de 610 páginas principales más cuatro tomos de anexos con pruebas documentales. Detalló los mecanismos monopólicos que permitían a las concesionarias controlar la generación, distribución y comercialización de electricidad en la Capital Federal. Reveló decisiones tecnológicas que aumentaban riesgos para los usuarios y elevaban costos innecesarios.
Expuso también presuntos sobornos pagados por las empresas a políticos de distintos partidos durante la tramitación de las ordenanzas de 1936. Incluyó nombres de concejales y altos funcionarios que habrían recibido pagos para aprobar las prórrogas en condiciones favorables a las compañías. Analizó cómo estas maniobras encarecían el servicio eléctrico para hogares y comercios.
Asimismo, recomendó la anulación de las prórrogas concedidas, la revocación de la personería jurídica de la CADE y la CIAE, y la reducción inmediata de las tarifas. Propuso medidas para recuperar el control estatal sobre el servicio público y corregir los perjuicios económicos causados a la población. Sin embargo, el informe no se publicó en ese momento y quedó archivado durante años.
La comisión operó en un período de fuerte debate sobre la soberanía económica y la presencia de capitales extranjeros en servicios esenciales. Sus trabajos coincidieron con otras investigaciones del gobierno de Ramírez sobre fraudes y corrupción de la década anterior. Recibió apoyo técnico de especialistas en derecho administrativo y en ingeniería eléctrica.
Matías Rodríguez Conde, militar de carrera con experiencia en inspecciones, dirigió las tareas con rigor. Juan Sabato aportó conocimientos técnicos sobre infraestructura eléctrica, mientras Juan Pablo Oliver se ocupó de los aspectos jurídicos y contractuales. El equipo trabajó de manera coordinada durante meses para reconstruir la cadena de decisiones irregulares.
El documento resultante se convirtió en referencia técnica sobre la historia de la electricidad en Buenos Aires. Circuló de forma limitada hasta su publicación oficial años después y sirvió de base para debates posteriores sobre estatización de servicios públicos. La comisión entregó su trabajo completo antes de que cambiara el rumbo del gobierno provisional en 1944.
Ramírez de Velasco®
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