1954 CALENDARIO NACIONAL "Malos curas"

Juan Domingo Perón

El 10 de noviembre de 1954 el presidente Juan Domingo Perón reconoce problemas creados por "malos curas"

El 10 de noviembre de 1954, el presidente Juan Domingo Perón denunció la actuación de sacerdotes y organizaciones católicas que, afirmó, intervenían en actividades contrarias a su gobierno. Durante una reunión en la quinta presidencial de Olivos, ante funcionarios, gobernadores, legisladores y dirigentes sindicales, se refirió a los llamados "malos curas", mencionó a religiosos considerados opositores y reclamó medidas contra ellos. El discurso, transmitido por radio, hizo explícito el enfrentamiento entre el gobierno y sectores de la Iglesia católica, que se agravaría durante los meses siguientes.

La convocatoria se produjo en un momento de creciente tensión entre el peronismo y las autoridades eclesiásticas. Durante los primeros años de su gobierno, Perón había mantenido una relación de cooperación con la Iglesia, respaldada por la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y por coincidencias en cuestiones sociales. Sin embargo, desde comienzos de 1954 se habían acumulado desacuerdos en torno de la actividad política de los católicos, la influencia de las asociaciones religiosas y el alcance de la autoridad estatal.

Entre los antecedentes figuraba la fundación del Partido Demócrata Cristiano, en julio de 1954, que ofreció una alternativa política inspirada en principios católicos sin depender de las estructuras del justicialismo. También inquietaban al gobierno las actividades de la Acción Católica Argentina, organización laical extendida por distintas provincias. En septiembre, una multitudinaria concentración organizada por esa entidad en Córdoba había contrastado con la escasa concurrencia registrada en un acto de la Unión de Estudiantes Secundarios.
Durante su exposición en Olivos, Perón sostuvo que algunos sacerdotes se apartaban de sus obligaciones religiosas para intervenir en cuestiones políticas. Recordó una entrevista mantenida el 22 de octubre con representantes de la jerarquía católica y afirmó que estos habían aceptado aplicar sanciones a los religiosos que incumplieran sus deberes. La versión presidencial sobre aquel compromiso fue cuestionada, pues las autoridades eclesiásticas no habían asumido la obligación en los términos que él describía.
La denuncia alcanzó a unos veinte sacerdotes y a varios prelados, entre ellos monseñor Fermín Lafitte, arzobispo de Córdoba, y monseñor Froilán Ferreyra Reinafé, obispo de La Rioja. Perón vinculó a religiosos de distintas diócesis con actividades que consideraba perturbadoras del orden político. En su planteo, la cantidad de sacerdotes opositores era reducida en comparación con el conjunto del clero argentino, pero eso no impedía, según expresó, que se adoptaran medidas contra ellos.
El discurso tuvo una amplia difusión porque fue transmitido por cadena radial y publicado por la prensa al día siguiente. La exposición ante dirigentes del oficialismo convirtió las diferencias, hasta entonces tratadas principalmente en conversaciones y declaraciones sectoriales, en un asunto de confrontación pública. Para el gobierno, la cuestión involucraba la actividad de organizaciones que consideraba opositoras; para la Iglesia, también estaba en juego la autonomía de sus miembros y asociaciones frente al poder político.
La respuesta episcopal llegó el 22 de noviembre, mediante una carta pastoral dirigida a los fieles y al presidente. Los obispos sostuvieron que los sacerdotes no debían intervenir en las luchas partidarias, pero distinguieron esa participación de la defensa de los principios de la doctrina católica. Solicitaron, además, que se precisaran los cargos formulados contra los religiosos señalados. La posición eclesiástica buscaba responder a las acusaciones sin aceptar que toda intervención pública de un católico constituyera una acción partidaria.
En los días posteriores al pronunciamiento presidencial, algunos sacerdotes fueron detenidos y los medios de comunicación vinculados al gobierno intensificaron sus críticas al clero. Desde determinados púlpitos también se pronunciaron cuestionamientos contra el oficialismo. La discusión empezó a trasladarse a las calles, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles. En más de un ámbito, la disputa dejó de ser un asunto reservado a dirigentes y jerarcas para convertirse en motivo de adhesiones y rechazos abiertos.
El 25 de noviembre, la Confederación General del Trabajo organizó un acto en el Luna Park de Buenos Aires para denunciar la actuación de sectores católicos considerados adversarios del peronismo. Entre las consignas difundidas durante aquella etapa aparecieron expresiones como «Perón sí, curas no». La movilización mostró que el conflicto había llegado al ámbito sindical y que el oficialismo buscaba presentar las diferencias con la Iglesia como una disputa política que requería una respuesta de sus propias organizaciones.
El enfrentamiento continuó en diciembre con la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1954, cuando una importante concurrencia participó en actos religiosos en Buenos Aires. Las tensiones se profundizaron alrededor de las manifestaciones públicas de fe y de la presencia de símbolos religiosos. En ese clima, las autoridades nacionales avanzaron durante los meses siguientes con medidas que afectaron la relación histórica entre el Estado argentino y la Iglesia católica.
Durante 1955, el Congreso aprobó la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y sancionó la ley de divorcio vincular. También se adoptaron decisiones sobre las festividades religiosas y las manifestaciones católicas en espacios públicos. La confrontación alcanzó uno de sus momentos más graves el 16 de junio, cuando aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo en un intento de derrocar a Perón. En septiembre, un levantamiento militar consiguió desplazarlo de la Presidencia.
Ramírez de Velasco®