FRANCISCO El Papa y un caso de abuso sexual

Cuestionan el arresto domiciliaio de Zanchetta

Existe malestar en la diócesis de Orán, Salta, por la protección que brindó el Vaticano a un prelado condenado por la Justicia

Fuentes: El Tribuno, Infovaticana, Informate Salta, Página/12
Gustavo Zanchetta, que fuera obispo de Orán, Salta, condenado por abuso sexual, permanece bajo arresto domiciliario en el Monasterio Nuestra Señora del Valle, tras un controvertido viaje a Roma para tratamientos médicos. Su caso, ensombrecido por acusaciones de abuso sexual continuado y el apoyo explícito del Papa Francisco, continúa generando cuestionamientos sobre el manejo de los abusos en la Iglesia Católica y la protección brindada al prelado argentino.

Zanchetta, de 61 años, fue sentenciado en marzo del 2022 por el Tribunal de Juicio, Sala II del Distrito Judicial de Orán, a 4 años y medio de prisión por abuso sexual simple continuado agravado contra dos seminaristas entre el 2015 y el 2017. La condena, ratificada en diciembre del 2024 por el Tribunal de Impugnación, destacó la gravedad del delito, agravado por su papel como ministro religioso. Tras una breve detención en la Unidad Regional 2 de Salta, Zanchetta obtuvo el arresto domiciliario en julio del 2022, citando hipertensión y una enfermedad renal. Desde entonces, vive en el monasterio, un hogar para sacerdotes retirados gestionado por monjas franciscanas de la orden de la Inmaculada Concepción.

El caso tomó un giro polémico en noviembre de 2024, cuando la Sala IV del Tribunal de Impugnación autorizó a Zanchetta a viajar a Roma para una operación médica en el Policlínico Gemelli. La autorización, emitida el 12 de noviembre del 2024, era con pasajes de ida y vuelta y exigía su retorno tras el alta médica. Su defensa, liderada por el abogado canónico Javier Belda Iniesta, argumentó que el procedimiento era más viable en Italia y que la Argentina carecía de centros médicos adecuados. La decisión desató indignación entre víctimas y la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, que la consideraron un privilegio indebido respaldado por influencias vaticanas.
En Roma, Zanchetta extendió su estadía más allá del plazo inicial. El permiso, que vencía en marzo del 2025, fue prorrogado dos veces por los jueces Virginia Solorzano y Pablo Arancibia, primero hasta el 1 de abril y luego hasta el 1 de mayo pasado, debido a estudios médicos adicionales por hipertensión y una tomografía abdominal. Su abogado, Enzo Fernández, presentó informes quincenales sobre su salud y ofreció una caución personal para garantizar su regreso. Según El Tribuno del 3 de febrero de 2025, Zanchetta debía retornar a Argentina esa semana, pero hasta ayer al menos no había confirmación oficial de su llegada.
Se presume que Zanchetta está de vuelta en el Monasterio Nuestra Señora del Valle, cumpliendo su arresto domiciliario. La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo supervisa su cumplimiento, tras un intento fallido de Zanchetta en el 2019 de evadir citaciones judiciales desde el Vaticano, donde vivió en el 2017 como asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
El respaldo del Papa Francisco a Zanchetta ha sido un punto central de controversia. Zanchetta, protegido de Francisco desde sus años en la Conferencia Episcopal Argentina (del 2005 al2011), fue nombrado obispo de Orán en el 2013, una de las primeras designaciones del nuevo pontífice. A pesar de denuncias de conducta inapropiada en 2015, incluyendo selfies subidas de tono y comportamientos “obscenos” con seminaristas, Francisco no tomó medidas inmediatas. En 2017, tras la renuncia de Zanchetta por “razones de salud”, el Papa lo trasladó al Vaticano como asesor de Administración del Patrimonio de la Sede Aspostólica, un cargo de alto perfil, aun conociendo las acusaciones, según reportes de El Tribuno y la Associated Press. En 2019, Francisco defendió públicamente a Zanchetta, afirmando que se había “defendido bien” y justificando su traslado como una medida práctica. Incluso en 2020, renovó su contrato en APSA, mientras la justicia argentina investigaba los abusos.
Este apoyo ha generado críticas de activistas como Anne Barrett Doyle de BishopAccountability.org, que acusó a Francisco de encubrimiento deliberado. Las víctimas, cuya identidad está protegida, han denunciado los privilegios otorgados a Zanchetta, como el arresto domiciliario y los permisos de viaje. Su proceso canónico, iniciado en el 2019, permanece sin resolución pública. Zanchetta, cuya condena expira en el 2026, sigue bajo supervisión judicial, sin funciones eclesiásticas.
Ramírez de Velasco®