1988 ALMANAQUE MUNDIAL Gómez

Ilustración

El 22 de julio de 1988 nace Lorent Enrique Gómez Saleh, activista de derechos humanos y dirigente estudiantil venezolano

El 22 de julio de 1988 nació en San Cristóbal, estado Táchira, Lorent Enrique Gómez Saleh. Es un activista de derechos humanos y dirigente estudiantil venezolano, convertido por el régimen chavista en preso político, sometido a detención arbitraria, aislamiento extremo y castigo sin juicio durante más de cuatro años, en un caso que expuso con nitidez el funcionamiento represivo del Estado venezolano.

Desde sus primeras apariciones públicas quedó marcado como objetivo político. La actividad estudiantil y la denuncia abierta del autoritarismo lo colocaron en la mira de los organismos de inteligencia, que operaron sin disimulo ni garantías legales. La persecución no fue consecuencia de un delito probado, sino de una posición política incómoda.

En septiembre del 2014 fue secuestrado de hecho en Colombia y entregado al Estado venezolano por vías irregulares, sin proceso judicial, sin orden de extradición y sin control de legalidad. Trasladado a Caracas, quedó bajo custodia del Servicio de Inteligencia venezolano, el famoso Sebin, iniciando un encierro que nunca derivó en juicio ni condena.
Fue confinado en “La Tumba”, una cárcel subterránea diseñada para quebrar la voluntad: sin luz natural, con frío permanente, aislamiento sensorial, vigilancia constante y silencio forzado. Allí se utilizó la prisión preventiva como pena anticipada, con audiencias suspendidas una y otra vez para prolongar indefinidamente el encierro.
Durante ese período se produjo un deterioro físico y psicológico severo, documentado por familiares y denunciado públicamente. El aislamiento prolongado, la incertidumbre absoluta y la negación sistemática del debido proceso derivaron en crisis profundas, intentos de suicidio y daños persistentes. No se buscó justicia: se quiso desgastarlo.
La presión se extendió a su madre, Yamileth Saleh, convertida en rehén indirecta del sistema represivo. Fue hostigada, vigilada y condicionada en cada intento por denunciar lo ocurrido. El acceso a su hijo fue restringido, la información fue fragmentada y el mensaje fue claro: hablar tenía consecuencias.
La reclusión se sostuvo durante más de cuatro años sin sentencia, sin pruebas exhibidas y sin garantías, en abierta violación de normas elementales del derecho. El encierro funcionó como advertencia política y como mecanismo de disciplina, no como resultado de un proceso judicial.
El 12 de octubre de 2018 fue liberado sin juicio y expulsado del país, trasladado directamente a España. No hubo absolución, no hubo reparación, no hubo explicación legal. El régimen cerró el caso del mismo modo en que lo abrió: por decisión administrativa y sin rendir cuentas.
Esta historia expone un patrón: criminalización de la disidencia, uso del encierro como castigo político, tortura psicológica institucionalizada y utilización de la familia como herramienta de presión. No fue un exceso aislado, sino un método sostenido del aparato represivo venezolano, nunca denunciado por las organizaciones de Derechos Humanos de izquierda.
Ramírez de Velasco®