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| Raúl Alfonsín |
El 20 de agosto del 2001, Raúl Alfonsín propone el regreso del servicio militar obligatorio ante el aumento de la violencia
El 20 de agosto del 2001, Raúl Alfonsín propuso públicamente el regreso del servicio militar obligatorio ante el aumento de la violencia y la desocupación en la Argentina. Lanzó la idea en su columna semanal por el canal América TV, en un contexto de crisis económica profunda, piquetes y tensiones urbanas previas al estallido de diciembre. Recordó experiencias formativas en el Liceo Militar y sugirió que el reclutamiento podría completar estudios, mejorar la salud de los jóvenes y aportar disciplina, aunque admitió el riesgo político de perder apoyo electoral.
Alfonsín recordó que el servicio militar obligatorio había sido reemplazado en 1995 por el voluntariado bajo la ley 24.429 durante la presidencia de Carlos Menem. En su intervención televisiva, destacó beneficios observados en el pasado, como la alfabetización y el control sanitario de las clases incorporadas. Propuso una instrucción militar inicial de noventa días, con posibilidad de salida voluntaria si no convencía al recluta.
La propuesta surgió en medio de un debate informal que circulaba en ámbitos políticos y militares. Alfonsín reconoció que arriesgaba “cientos de miles de votos”, pero insistió en la necesidad de encauzar a sectores juveniles afectados por la exclusión social. En esos meses, la desocupación superaba el 15 por ciento y crecían los cortes de ruta y las manifestaciones violentas en varias provincias.
Oficiales superiores consultados por la prensa admitieron que el tema se discutía en conversaciones castrenses, aunque sin entusiasmo desmedido. Algunos jefes veían en la medida una forma de integración nacional y disciplina, similar a lo que había cumplido el servicio en décadas anteriores, cuando incorporaba a gran parte de cada clase. Otros señalaban limitaciones presupuestarias y cambios en las misiones de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa de Alfonsín actualizó un debate que había perdido intensidad tras la supresión del servicio obligatorio. En 1994, la muerte del soldado Omar Carrasco en un cuartel de Zapala, Neuquén, había acelerado la reforma hacia el voluntariado. Desde entonces, el Ejército incorporaba solo a un porcentaje reducido de voluntarios, lejos de las cifras históricas que superaban el 70 por ciento en épocas anteriores.
En su columna, el líder radical vinculó la medida con objetivos macroeconómicos y sociales. Consideró que el cuartel podía ofrecer contención a jóvenes sin empleo ni perspectivas, al tiempo que contribuiría a la formación cívica. Propuso que la experiencia combinara instrucción básica con actividades educativas y sanitarias, sin obligatoriedad total más allá del período inicial.
La reacción inmediata fue variada. Sectores cercanos al radicalismo y algunos militares analizaron posibles ventajas en un momento de alta conflictividad social. Sin embargo, voces opositoras advirtieron sobre los costos presupuestarios y el riesgo de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de contención interna, alejadas de su rol de defensa exterior. El gobierno de Fernando de la Rúa enfrentaba por entonces una grave crisis fiscal y social.
Alfonsín aclaró días después que la propuesta buscaba “revitalizar” el sentido de integración que había tenido el servicio en el pasado. Insistió en que no se trataba de una vuelta mecánica al modelo anterior, sino de adaptarlo a las necesidades del presente, con énfasis en la formación y la disciplina para mitigar la violencia urbana y rural. La idea no prosperó de inmediato, pero instaló públicamente el tema en la agenda política de un año marcado por el deterioro económico. Meses después, en octubre de 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, el ministro de Defensa Horacio Jaunarena y el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni retomaron debates similares sobre servicio social o militar, aunque sin concreción definitiva.
Oficiales superiores consultados por la prensa admitieron que el tema se discutía en conversaciones castrenses, aunque sin entusiasmo desmedido. Algunos jefes veían en la medida una forma de integración nacional y disciplina, similar a lo que había cumplido el servicio en décadas anteriores, cuando incorporaba a gran parte de cada clase. Otros señalaban limitaciones presupuestarias y cambios en las misiones de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa de Alfonsín actualizó un debate que había perdido intensidad tras la supresión del servicio obligatorio. En 1994, la muerte del soldado Omar Carrasco en un cuartel de Zapala, Neuquén, había acelerado la reforma hacia el voluntariado. Desde entonces, el Ejército incorporaba solo a un porcentaje reducido de voluntarios, lejos de las cifras históricas que superaban el 70 por ciento en épocas anteriores.
En su columna, el líder radical vinculó la medida con objetivos macroeconómicos y sociales. Consideró que el cuartel podía ofrecer contención a jóvenes sin empleo ni perspectivas, al tiempo que contribuiría a la formación cívica. Propuso que la experiencia combinara instrucción básica con actividades educativas y sanitarias, sin obligatoriedad total más allá del período inicial.
La reacción inmediata fue variada. Sectores cercanos al radicalismo y algunos militares analizaron posibles ventajas en un momento de alta conflictividad social. Sin embargo, voces opositoras advirtieron sobre los costos presupuestarios y el riesgo de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de contención interna, alejadas de su rol de defensa exterior. El gobierno de Fernando de la Rúa enfrentaba por entonces una grave crisis fiscal y social.
Alfonsín aclaró días después que la propuesta buscaba “revitalizar” el sentido de integración que había tenido el servicio en el pasado. Insistió en que no se trataba de una vuelta mecánica al modelo anterior, sino de adaptarlo a las necesidades del presente, con énfasis en la formación y la disciplina para mitigar la violencia urbana y rural. La idea no prosperó de inmediato, pero instaló públicamente el tema en la agenda política de un año marcado por el deterioro económico. Meses después, en octubre de 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, el ministro de Defensa Horacio Jaunarena y el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni retomaron debates similares sobre servicio social o militar, aunque sin concreción definitiva.
La intervención de Alfonsín reflejó su preocupación por los desafíos sociales de la Argentina de 2001, donde el desempleo, la pobreza y los cortes de ruta configuraban un panorama de creciente inestabilidad que culminaría en diciembre con el estallido social y la renuncia de De la Rúa.
Ramírez de Velasco®
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