1976 AGENDA CATAMARQUEÑA Neuropsiquiátrico

El hospital fue declarado "Sitio de la memoria"

El 14 de junio de 1976 los militares irrumpen en el Hospital Neuropsiquiátrico de La Merced y detienen al personal acusándolo de colaborar con la guerrilla

El 14 de junio de 1976 un procedimiento militar encabezado por el coronel Sergio Rodolfo Mujica irrumpió en el Hospital Neuropsiquiátrico de La Merced, en Catamarca, y detuvo a médicos, enfermeros y personal auxiliar acusados de colaborar con organizaciones guerrilleras. Los secuestrados fueron trasladados a Buenos Aires para ser interrogados en dependencias militares. Ocurrió menos de tres meses después del golpe de Estado encabezado por la Junta Militar y quedó incorporado años más tarde a investigaciones judiciales sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El neuropsiquiátrico funcionaba en el pueblo catamarqueño de La Merced, departamento Paclín. Allí desde hacía años se atendían pacientes derivados de otros puntos de la provincia. Ocupaba dependencias anexadas al hospital y mantenía un plantel reducido de profesionales, enfermeros y asistentes. A mediados de la década de 1970 atravesaba problemas de infraestructura, aislamiento geográfico y limitaciones presupuestarias, comunes en numerosos centros de salud mental de las provincias.

Había transcurrido poco tiempo desde el inicio del Proceso de Reorganización Nacional, instaurado el 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas desplegaban procedimientos simultáneos en las provincias contra dirigentes sindicales, estudiantes, docentes, médicos y trabajadores estatales sospechados de vínculos políticos o ideológicos con agrupaciones de izquierda. En Catamarca, el Regimiento de Infantería 17 quedó bajo responsabilidad operativa en tareas represivas.
Aquella mañana de junio el grupo militar entró al hospital con listas preparadas previamente. Revisaron oficinas, habitaciones y archivos administrativos mientras interrogaban al personal. Algunos trabajadores fueron separados delante de compañeros y pacientes. Las acusaciones señalaban presuntas colaboraciones con la guerrilla, aunque años después no aparecieron pruebas públicas concretas sobre actividades armadas dentro del establecimiento sanitario. Los detenidos quedaron incomunicados durante el procedimiento.
Fueron trasladados inicialmente bajo custodia militar y luego enviados a Buenos Aires para continuar los interrogatorios. No existen demasiados registros periodísticos contemporáneos sobre la cantidad exacta de detenidos ni sobre las identidades completas de los afectados. Gran parte de la información permaneció dispersa durante décadas debido al clima de censura impuesto por la dictadura y al temor de familiares y sobrevivientes a denunciar públicamente lo sucedido.
En aquellos años los hospitales neuropsiquiátricos y servicios de salud mental figuraban bajo vigilancia especial de sectores militares y policiales. Muchos profesionales de psiquiatría, psicología y trabajo social fueron desplazados, detenidos o perseguidos en el país bajo sospechas de “perturbación ideológica”. El control alcanzó hospitales de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras provincias donde se desarrollaban experiencias de atención comunitaria y debates vinculados con reformas sanitarias.
Sergio Rodolfo Mujica, señalado como jefe del procedimiento, pertenecía al Ejército Argentino y años después quedó involucrado judicialmente en causas por desapariciones y secuestros cometidos durante el terrorismo de Estado. En el 2005 la Justicia Federal de Catamarca ordenó su detención e incluyó entre las investigaciones el caso del Hospital Neuropsiquiátrico de La Merced. El expediente fue considerado uno de los primeros avances provinciales sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en la jurisdicción militar local.
Durante largo tiempo fue poco difundido fuera de Catamarca. Vecinos de La Merced y antiguos trabajadores del hospital conservaron recuerdos fragmentarios del allanamiento y de la presencia militar en la zona durante aquellos meses. Con el regreso de la democracia comenzaron a surgir testimonios sobre detenciones ilegales, controles armados y vigilancia sobre empleados públicos considerados sospechosos por las autoridades del régimen.
El neuropsiquiátrico continuó funcionando después del procedimiento y siguió atravesando dificultades estructurales durante décadas. Legisladores provinciales impulsaron reiteradamente proyectos para trasladar el servicio de salud mental a otro lugar con mejores condiciones edilicias y mayor cercanía urbana. En debates parlamentarios posteriores se recordó la historia conflictiva del establecimiento y el impacto social que había tenido sobre la comunidad de La Merced.
Con el paso de los años, el allanamiento quedó incorporado a los registros sobre la represión ilegal ejercida contra trabajadores de la salud durante la última dictadura argentina. Las actuaciones judiciales posteriores permitieron reconstruir parcialmente aquel procedimiento realizado en el hospital catamarqueño, en el que médicos y paramédicos fueron detenidos bajo acusaciones políticas en medio del endurecimiento represivo que atravesaba el país entero.
Ramírez de Velasco®