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| Protestas en Nicaragua |
El 30 de mayo de 2018 ocurrió en Nicaragua la Masacre del Día de las Madres, una de las jornadas más violentas del gobierno de Daniel Ortega
El 30 de mayo de 2018 ocurrió en Nicaragua la llamada Masacre del Día de las Madres, una de las jornadas más violentas de la crisis política iniciada semanas antes contra el gobierno de Daniel Ortega. Durante una multitudinaria marcha opositora realizada en Managua para homenajear a las madres de jóvenes fallecidos en las protestas, fuerzas parapoliciales y grupos armados afines al oficialismo abrieron fuego contra los manifestantes y provocaron al menos 15 muertos y más de 200 heridos, según organismos humanitarios. El episodio profundizó el aislamiento internacional del régimen y consolidó las denuncias sobre represión estatal.La movilización había sido convocada por familiares de estudiantes asesinados durante las protestas iniciadas en abril de ese año. Miles de personas caminaron por las calles de Managua portando banderas azul y blanco, fotografías de víctimas y pancartas contra el gobierno sandinista. Aquella tarde coincidió con la celebración nicaragüense del Día de las Madres, una de las fechas más importantes del calendario social del país.Las protestas contra el gobierno comenzaron el 18 de abril de 2018, luego del anuncio de una reforma al sistema previsional impulsada por el Ejecutivo. Las medidas aumentaban los aportes laborales y reducían las jubilaciones. La reacción de estudiantes universitarios, jubilados y organizaciones civiles derivó rápidamente en enfrentamientos con la policía y militantes oficialistas.
En pocos días, el conflicto dejó de centrarse exclusivamente en la reforma previsional. Las manifestaciones pasaron a reclamar la renuncia de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, además de elecciones anticipadas y el desmantelamiento de grupos parapoliciales. Diversos sectores denunciaron censura, persecuciones políticas y uso excesivo de la fuerza contra civiles.
La marcha del 30 de mayo reunió a decenas de miles de personas provenientes de distintos puntos del país. Columnas de universitarios, campesinos y familiares de víctimas avanzaron hacia la Universidad Centroamericana mientras desde edificios y vehículos se registraban disparos. Videos difundidos posteriormente mostraron escenas de caos, corridas y personas auxiliando heridos sobre el asfalto.
Entre las víctimas fatales hubo estudiantes, jóvenes manifestantes y transeúntes. Organizaciones humanitarias locales responsabilizaron a francotiradores y grupos armados vinculados al oficialismo. El gobierno negó haber ordenado ataques contra civiles y atribuyó los hechos a enfrentamientos provocados por sectores opositores.
La represión de las protestas dejó cifras que variaron según las fuentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales documentaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de detenidos durante los meses posteriores. También denunciaron torturas, desapariciones temporales y restricciones a la libertad de prensa.
El gobierno de Ortega enfrentó fuertes cuestionamientos internacionales. Países de América y Europa impulsaron sanciones y condenas diplomáticas, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron al régimen de cometer crímenes contra la población civil. Periodistas independientes y medios críticos sufrieron allanamientos, cierres y confiscaciones.
La crisis provocó además una ola migratoria hacia Costa Rica y otros países vecinos. Miles de nicaragüenses abandonaron el país denunciando persecución política o temor a represalias. La economía nacional entró en recesión luego de años de crecimiento sostenido y el turismo sufrió una caída abrupta.
Con el paso de los años, el 30 de mayo quedó convertido en una fecha emblemática para la oposición nicaragüense. Cada aniversario es recordado por familiares de las víctimas, organizaciones civiles y exiliados que reclaman justicia por los asesinados durante aquellas jornadas. El gobierno continúa rechazando las acusaciones y sostiene que en 2018 enfrentó un intento de desestabilización política impulsado desde el exterior.
Ramírez de Velasco®


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