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| Eduardo Duhalde asume la presidencia |
El 2 de julio de 2002 Eduardo Duhalde promulga la ley que establece la obligación de elecciones internas y no la cumple
El 2 de julio de 2002 el presidente Eduardo Duhalde promulgó la ley que establecía la obligación de elecciones internas en los partidos políticos para la selección de candidaturas, en el marco de la crisis institucional posterior a la renuncia de Fernando de la Rúa y la transición política de emergencia. Después no la cumplió.La norma, aprobada por el Congreso en un contexto de fuerte presión social tras la crisis de diciembre de 2001, fijaba la realización de internas abiertas o cerradas según la reglamentación partidaria, con el objetivo de ordenar la competencia interna y reducir la designación discrecional de candidatos. Su promulgación se publicó en el Boletín Oficial sin veto parcial ni observaciones sustantivas.En paralelo a la firma de la ley, se mantenía en el oficialismo la discusión sobre su aplicación inmediata en el propio esquema de poder que sostenía al gobierno de transición. Diversos sectores del peronismo gobernante habían expresado reservas sobre la viabilidad de internas abiertas en un escenario de fragmentación partidaria y urgencias económicas.
En los días posteriores a la promulgación, comenzaron a circular interpretaciones dentro del Ejecutivo y del justicialismo sobre la posibilidad de reglamentar la norma de forma diferida, bajo el argumento de que la organización de internas requería plazos operativos y adaptación de padrones, en un país aún atravesado por el colapso administrativo de 2001.
El propio aparato político que sostenía a Duhalde inició negociaciones internas para definir candidaturas sin recurrir a mecanismos competitivos formales. En ese proceso, se consolidó la idea de que la elección presidencial del 2003 debía resolverse mediante acuerdos partidarios antes que mediante votación interna generalizada.
La ley, sin embargo, no fue acompañada de una reglamentación inmediata por parte del Poder Ejecutivo, lo que limitó su aplicación efectiva. Esa ausencia de reglamentación generó un vacío operativo que impidió la puesta en marcha de los mecanismos previstos para la selección de candidatos en el corto plazo.
En el terreno judicial y político no se registraron medidas de ejecución obligatoria que forzaran su implementación inmediata, lo que permitió que los partidos continuaran utilizando sus sistemas tradicionales de designación de candidaturas. En el peronismo, el radicalismo y otras fuerzas, las decisiones siguieron concentrándose en mesas de conducción.
Durante el segundo semestre del 2002, el debate sobre la ley quedó subordinado a la discusión por la sucesión presidencial y a la reorganización del sistema político. Las urgencias económicas derivadas de la devaluación y el default desplazaron el cumplimiento efectivo de la norma del centro de la agenda gubernamental.
En ese marco, las definiciones electorales comenzaron a resolverse mediante acuerdos internos, con la aparición de precandidaturas y negociaciones entre gobernadores, dirigentes territoriales y estructuras partidarias, sin que se convocaran elecciones internas de alcance general conforme al espíritu de la ley promulgada.
Hacia el cierre del mandato de Duhalde, la ley de internas continuó vigente en términos formales, pero sin aplicación plena en el proceso de selección presidencial inmediato, que quedó definido por mecanismos extraordinarios de competencia electoral ya en el ciclo político siguiente.
Ramírez de Velasco®


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