![]() |
| Policía Federal (archivo) |
El 5 de julio de 1996 la Justicia Federal avanza sobre una estructura de la Policía Federal Argentina dedicada a tareas antidrogas
El 5 de julio de 1996, en Buenos Aires, la Justicia Federal avanzó sobre una estructura interna de la Policía Federal Argentina dedicada a tareas antidrogas, tras una investigación que había detectado filtraciones de información, manipulación de procedimientos y posibles vínculos con organizaciones del narcotráfico.La causa se tramitó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo del juez Gabriel Cavallo, con intervención de la Fiscalía Federal 2 dirigida por el fiscal Carlos Stornelli. Las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias anónimas y seguimientos internos que apuntaban a irregularidades en operativos de secuestro de estupefacientes.Las primeras pruebas surgieron del análisis de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente y de la revisión de expedientes administrativos que presentaban inconsistencias en la cadena de custodia de droga incautada. A ello se sumaron tareas de inteligencia realizadas por otras divisiones federales que no dependían del área investigada.
En ese contexto fueron señalados el comisario inspector Ricardo M., el subinspector Carlos R. y el oficial principal Jorge L., junto a otros efectivos de la división antidrogas con sede en Capital Federal. Según el expediente, habrían participado en maniobras de liberación irregular de cargamentos y en la protección de circuitos de distribución de cocaína.
El mismo día 5 de julio de 1996 se ordenaron allanamientos simultáneos en oficinas policiales y domicilios particulares de los imputados, con participación de fuerzas federales externas a la división intervenida. En los procedimientos se secuestraron documentación interna, registros de operativos y dispositivos de comunicación.
Durante varios procedimientos hubo detenciones de personal en actividad, que fue trasladado a dependencias judiciales para prestar declaración indagatoria. Las imputaciones incluyeron asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y participación en maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes.
La investigación continuó con la intervención administrativa del área antidrogas, que quedó bajo control provisorio de autoridades ajenas a la estructura original. Paralelamente, se abrieron sumarios internos en la Policía Federal para revisar otras dependencias con funciones similares en el territorio nacional.
El expediente incorporó peritajes contables y análisis de comunicaciones que buscaban establecer el flujo de dinero asociado a las operaciones ilegales. También se tomaron declaraciones testimoniales de personal policial que había prestado servicios en la misma división durante los años previos.
La causa quedó radicada en el fuero federal porteño con seguimiento del juzgado interviniente y la fiscalía actuante, en un contexto de creciente presión institucional sobre los vínculos entre fuerzas de seguridad y organizaciones del narcotráfico en la década de 1990.
Ramírez de Velasco®


Comentarios
Publicar un comentario