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| Paulina Lebbos |
El 26 de febrero del 2006 es vista viva por última vez, la joven tucumana Paulina Lebbos, muerta a manos de ´hijos del poder´, según una hipótesis
El 26 de febrero del 2006, fue vista con vida por última vez Paulina Lebbos, joven de 23 años, madre de una niña de 5 y estudiante de Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras. Celebraba haber aprobado una materia y salió a bailar con amigos cerca del Abasto, en Tucumán. Tomó un remise junto a su amiga Virginia, que se bajó en La Rioja al 400, mientras ella continuó hacia la casa de su novio, César Soto, en Estados Unidos al 1.200. Nunca llegó a destino. Su desaparición, denunciada ese mismo día por su padre, Alberto Lebbos, desencadenó una investigación marcada por negligencia, encubrimiento y un sinfín de irregularidades que, casi dos décadas después, aún no han aclarado del todo el crimen.El 11 de marzo, tras intensas búsquedas anunciadas por el ministro de Seguridad, Pablo Baillo, y el jefe de Policía, Hugo Sánchez, el cuerpo de Paulina fue hallado a la vera de la ruta 341, en Tapia, a 30 kilómetros de la capital tucumana. Lo encontraron los hermanos Goitea, que alertaron al policía jubilado Hugo Rodríguez. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, con mutilaciones brutales: cuero cabelludo arrancado, huellas digitales limadas y heridas en la vagina y en la boca. La autopsia confirmó que murió por estrangulamiento. Sin embargo, las primeras actuaciones policiales, a cargo del comisario Enrique García y Rubén Brito, jefe de la Unidad Regional Norte, fueron caóticas y tardías: el fiscal Alejandro Noguera solo fue notificado a las 6 de la tarde, y Alberto Lebbos reconoció el cuerpo a las 8 de la noche.La investigación inicial, liderada por Noguera, se centró en hipótesis absurdas, como un supuesto conflicto familiar que habría llevado a Paulina a “huir”, ignorando testimonios de amigos que exigían su aparición con vida. Baillo y Sánchez, respaldados por el secretario de Seguridad Eduardo di Lella, se jactaron de haber “cumplido” al encontrar el cuerpo, afirmando que en gobiernos anteriores el caso habría quedado impune. Alberto Lebbos los desmintió: “Lo único que hicieron fue investigarme a mí y a mi familia. Me la entregaron muerta”. Renunció a su cargo como subsecretario de Juventud, mientras el gobernador José Alperovich apoyaba a sus funcionarios.
Pronto emergieron pruebas de encubrimiento policial. Las actas del hallazgo fueron falsificadas, y en el 2013, García, Manuel Yapura y Roberto Lencina, policías de Raco, fueron condenados por encubrimiento agravado. Hubo testimonios que apuntaron a órdenes de superiores como Sánchez, Barrera (subjefe de Policía) y Brito para manipular la escena, ocultar fotos y falsificar firmas. Incluso se intentó mover el cuerpo sin pericias ni orden judicial. El fiscal Diego López Ávila, en su pedido de elevación a juicio, incluyó a di Lella, Sánchez, Barrera y Brito como partícipes del encubrimiento, un entramado que expuso la corrupción en la cúpula policial tucumana.
El Poder Judicial no estuvo exento de sospechas. Noguera fue fotografiado en el 2006 saliendo de una reunión nocturna en la casa de Alperovich, justificándose con la necesidad de “recursos”. Tras el escándalo, fue apartado, pero ascendió a fiscal de Cámara de Apelaciones. Su sucesor, Carlos Albaca, manejó la causa desde el 2006 hasta el 2013 sin avances: perdió muestras de ADN por mala conservación, omitió pericias y actuó con secretismo, negándole a Lebbos acceso al expediente. En un giro aberrante, sugirió que Paulina pudo morir por un ataque de asma, autoasfixia o una relación sexual, atacando su reputación. “La mató por segunda vez”, dijo su padre. Albaca se jubiló en 2014 con una pensión elevada, evadiendo un juicio político, al igual que Luis De Mitri, ministro fiscal que lo defendió.
El caso también apuntó a los “hijos del poder”. Rumores señalaron a Gabriel Alperovich, hijo del gobernador, y Sergio Kaleñuk, hijo del secretario privado Alberto Kaleñuk, como involucrados en una fiesta en El Cadillal o Raco donde Paulina habría muerto. Testimonios sugirieron que su cuerpo fue descartado para evitar escándalos, pero López Ávila descartó esta hipótesis por falta de pruebas en el juicio. Sin embargo, la impunidad de funcionarios como Baillo (que renunció, pero siguió como asesor), di Lella, Brito (promovido a jefe de Bomberos) y otros, evidenció el respaldo político del alperovichismo.
Entre las cinco hipótesis del crimen, la más sólida involucra a Roberto Luis Gómez, acusado por López Ávila tras rastrear el IMEI del celular de Paulina, usado tras su desaparición en el sur de Tucumán y camino a Raco. Gómez, detenido en 2016 pero liberado por exceso de prisión preventiva, niega los cargos. Otras teorías, como la de César Soto (novio de Paulina), los barrabravas del clan Acevedo, el remisero Juan Pedro Cruzado o los “hijos del poder”, no prosperaron por falta de evidencia, aunque dejaron sospechas de nexos entre políticos, policías y criminales.
El asesinato de Paulina Lebbos, a 20 años de ocurrido, sigue siendo un símbolo de la podredumbre institucional en Tucumán: una joven asesinada brutalmente, una familia destrozada y un sistema que, en lugar de buscar justicia, protegió a los culpables. La verdad, sepultada bajo falsificaciones, negligencia y pactos de silencio, aún espera ser desenterrada.
Juan Manuel Aragón
Ramírez de Velasco®



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