1981 ALMAQUE MUNDIAL P2

Perón condecora a Licio Gelli con la Orden del Libertador General San Martín

El 21 de mayo de 1981 el gobierno italiano publica la lista de integrantes de Propaganda Due, estructura clandestina y logia masónica

El 21 de mayo de 1981 el gobierno italiano publicó la lista de integrantes de Propaganda Due, conocida como P2. Era (quizás sigue siendo), una estructura clandestina y logia masónica que operaba fuera de la legalidad y que quedó asociada a maniobras financieras, tramas políticas y hechos criminales en Italia, tras el hallazgo de documentación en registros judiciales que revelaron una red de vínculos entre militares, empresarios, funcionarios y miembros de los servicios de inteligencia.

Había surgido formalmente como una logia dependiente del Gran Oriente de Italia, pero con el tiempo derivó en un organismo paralelo, dirigido por Licio Gelli, que concentró poder mediante relaciones reservadas y mecanismos de cooptación interna. Su funcionamiento se caracterizó por la ausencia de controles institucionales y por la acumulación de miembros en posiciones estratégicas.

El descubrimiento de su estructura se produjo durante una investigación judicial vinculada al banquero Michele Sindona y a operaciones financieras irregulares. En marzo de 1981, un allanamiento en la residencia de Gelli en Arezzo permitió incautar documentos que incluían listas de afiliados, planes políticos y correspondencia interna.
La documentación reveló la existencia de más de 900 miembros, entre los que figuraban altos mandos de las fuerzas armadas, dirigentes políticos, magistrados, empresarios y responsables de medios de comunicación. La magnitud de la red generó una crisis institucional al evidenciar la penetración de la organización en distintos niveles del Estado.
Entre los nombres figuraba el del entonces empresario Silvio Berlusconi, junto a jefes militares y funcionarios de organismos de inteligencia. La difusión de la lista provocó renuncias, investigaciones parlamentarias y una amplia cobertura mediática.
El parlamento italiano dispuso la creación de una comisión investigadora para analizar el alcance de la organización y sus actividades. Los trabajos parlamentarios permitieron reconstruir parte de su funcionamiento, identificar conexiones y establecer responsabilidades políticas.
La P2 fue vinculada a diversas operaciones ilegales, incluyendo maniobras de desestabilización institucional, intentos de influencia sobre el sistema democrático y relaciones con episodios de violencia política ocurridos en Italia durante los años denominados “de plomo”. También aparecieron conexiones con el colapso del Banco Ambrosiano, una de las mayores crisis financieras del país.
Las investigaciones judiciales y parlamentarias determinaron que la organización operaba como una estructura paralela de poder, con objetivos políticos definidos y estrategias orientadas a intervenir en la vida institucional italiana mediante redes de influencia y mecanismos reservados.
Como consecuencia del escándalo, el Estado italiano sancionó en 1982 una ley que prohibió las asociaciones secretas y disolvió formalmente la P2. La normativa estableció restricciones para evitar la formación de estructuras similares dentro del sistema democrático.
La lista mostraba también a jefes de los servicios secretos como Giuseppe Santovito, director del SISMI, y a responsables de fuerzas de seguridad, lo que evidenció la profundidad de su inserción en áreas sensibles del Estado. Ese nivel de penetración generó preocupación sobre la cadena de mandos y la autonomía de organismos clave.
Figuraban además empresarios y directivos de medios que ocupaban posiciones influyentes en la economía y la comunicación. La presencia de estas figuras permitió identificar una red que abarcaba tanto la toma de decisiones políticas como la formación de opinión pública en el país.
Documentos incautados mostraron el denominado “Plan de renacimiento democrático”, texto atribuido a Gelli que proponía reformas institucionales, reorganización del sistema de partidos y control de medios, lo que aportó elementos para analizar los objetivos políticos de la organización.
Las actuaciones judiciales derivaron en procesos contra varios de sus miembros por delitos financieros, asociación ilícita y otros cargos vinculados a las actividades descubiertas. Algunos expedientes se extendieron durante años debido a la complejidad de las tramas investigadas.
La repercusión internacional del caso alcanzó a otros países europeos y a América Latina, donde se investigaron posibles vínculos con redes financieras y políticas asociadas a la P2, ampliando el alcance del escándalo más allá de Italia.
La documentación obtenida en 1981 continúa siendo una de las principales fuentes para el estudio de la organización, permitiendo reconstruir su estructura, sus métodos de captación y su inserción en distintos ámbitos del poder durante el período en que operó de manera clandestina.

Peronismo
Las investigaciones tuvieron referencias a contactos y proyecciones hacia América Hispana, en particular durante la década de 1970. Varios informes judiciales y periodísticos señalaron la presencia de Licio Gelli en la Argentina en años en que el país atravesaba una fuerte inestabilidad política. Registros de viajes, vínculos empresariales y testimonios incorporados a expedientes lo ubican en Buenos Aires en tiempos cercanos al retorno de Juan Domingo Perón, en 1973, cuando el líder justicialista reasumió la presidencia tras su prolongado exilio.
Distintas reconstrucciones documentales mencionaron relaciones de Gelli con figuras del gobierno argentino, entre ellos contactos con funcionarios y operadores políticos del período. En particular, se consignaron vínculos con el ministro de Bienestar Social José López Rega, figura central del gobierno peronista, y conexiones con sectores empresariales y financieros activos en el país. Esos lazos fueron considerados en investigaciones posteriores como parte de una red internacional de relaciones que la P2 estableció fuera de Italia, aunque los alcances precisos de esas interacciones y su incidencia concreta en decisiones de gobierno quedaron sujetos a análisis judiciales y trabajos historiográficos posteriores.
Ramírez de Velasco®

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