1859 ALMANAQUE MUNDIAL Nacionalización

Benito Juárez

El 13 de junio de 1859, el presidente mejicano Benito Juárez firma un decreto declarando propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia católica

El 13 de junio de 1859, el presidente mejicano Benito Juárez, líder del gobierno liberal, firmó un decreto declarando propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia católica.

Este acto, conocido como parte de las Leyes de Reforma, tuvo un impacto significativo en la estructura y funcionamiento de la Iglesia en México. El decreto representó un cambio drástico en su posición económica y social, dado que la Iglesia había sido, durante siglos, una de las principales propietarias de bienes en el país.

Antes de 1859, la Iglesia católica en México poseía extensas propiedades, que incluían tierras agrícolas, haciendas, edificios urbanos, conventos, monasterios y templos. Estas propiedades, adquiridas en la época colonial, generaban ingresos a través de rentas, diezmos y donaciones, y sostenían las actividades religiosas, educativas y caritativas de la Iglesia.
Según estimaciones de la época, la Iglesia controlaba aproximadamente un tercio de las tierras productivas del país y numerosos inmuebles en ciudades como México, Puebla y Guadalajara. Además, administraba instituciones como escuelas, hospitales y orfanatos, financiados en gran parte por estos recursos.
El decreto del 13 de junio ordenó la nacionalización de todos los bienes eclesiásticos, exceptuando los templos destinados al culto público. El gobierno liberal, instalado en Veracruz debido a la Guerra de Reforma (1857-1861) contra los conservadores, justificó la medida como necesaria para reducir el poder económico de la Iglesia, que consideraba un obstáculo para la modernización del país.
La masonería tuvo una influencia significativa en la decisión del gobierno de Benito Juárez de nacionalizar los bienes de la Iglesia católica en 1859. Muchos líderes liberales, entre ellos Juárez, eran masones y pertenecían a logias como el Rito de York, que promovían ideas de secularismo, igualdad y separación entre Iglesia y Estado. Estas ideas masónicas, inspiradas en la Ilustración, impulsaron las Leyes de Reforma, incluida la desamortización eclesiástica, para reducir aún más el poder económico y político de la Iglesia.
Entre los bienes nacionalizados había propiedades rurales y urbanas, así como fondos de las cofradías y obras pías. El gobierno dispuso que estos bienes fueran vendidos o redistribuidos, y los ingresos se destinarían al erario nacional.
Para la Iglesia, el decreto significó la pérdida inmediata de la mayoría de sus recursos económicos. Obispos, sacerdotes y comunidades religiosas vieron confiscados conventos, escuelas y hospitales. En muchas diócesis, como las de México, Michoacán y Oaxaca, los clérigos informaron la ocupación de edificios por autoridades civiles o particulares. Los templos, aunque exentos, quedaron bajo supervisión estatal, y las actividades religiosas se limitaron a los espacios destinados al culto. Las órdenes religiosas, como los jesuitas y dominicos, enfrentaron dificultades para mantener sus operaciones, y muchas fueron disueltas o expulsadas.
La jerarquía católica, encabezada por el arzobispo de México, Lázaro de la Garza y Ballesteros, expresó su rechazo al decreto, argumentando que violaba los derechos de la Iglesia y su capacidad para cumplir su misión espiritual y social. Sin embargo, la Guerra de Reforma limitó la capacidad de la Iglesia para resistir, ya que muchas regiones estaban bajo control liberal.
En los años siguientes, la aplicación del decreto varió según las regiones, pero para 1861, con la victoria liberal, la nacionalización se consolidó en gran parte del país. La Iglesia, despojada de sus bienes, tuvo que adaptarse a una nueva realidad, dependiendo más de las contribuciones directas de los fieles para sostener sus actividades.
Juan Manuel Aragón
Ramírez de Velasco®