1957 ALMANAQUE MUNDIAL Segregación

La separación por razas era norma en Sudáfrica

El 22 de mayo de 1957 el gobierno de Sudáfrica aprueba la política de segregación racial en las universidades

El 22 de mayo de 1957, en Sudáfrica, el gobierno aprobó la aplicación de la política de segregación racial en el sistema universitario mediante una legislación que extendió el apartheid al ámbito de la educación superior. La norma restringía el acceso de estudiantes según su clasificación racial y reorganizaba las instituciones académicas en función de ese criterio dentro de un marco legal más amplio de separación impuesto por el Estado.

Se trató de la sanción de la llamada Extension of University Education Act, norma que formalizó la exclusión de estudiantes negros, mestizos e indios de universidades consideradas “blancas”, estableciendo en su lugar instituciones separadas destinadas a cada grupo racial. La medida se integró a un conjunto de leyes aprobadas por el gobierno del Partido Nacional desde 1948.

La legislación se apoyó en el sistema de clasificación racial definido por la Population Registration Act, que obligaba a registrar a cada persona dentro de categorías raciales específicas. Esa clasificación determinaba derechos, movilidad y acceso a servicios, incluyendo la educación en todos sus niveles.
A partir de la nueva norma, universidades como la de Ciudad del Cabo y la de Witwatersrand quedaron restringidas a estudiantes blancos, mientras se crearon instituciones separadas para distintos grupos. Entre ellas se establecieron centros destinados a la población zulú, xhosa o sotho, bajo control estatal y con planes de estudio diferenciados.
La reorganización del sistema universitario implicó la intervención directa del Estado en la administración académica. Las autoridades gubernamentales asumieron la potestad de autorizar inscripciones, definir programas y supervisar el funcionamiento de las nuevas instituciones segregadas.
El objetivo declarado por el gobierno consistía en adaptar la educación superior a la estructura social del apartheid, promoviendo una formación diferenciada según el papel asignado a cada grupo racial dentro del sistema económico. Esto se tradujo en limitaciones en el acceso a carreras y en la calidad de la enseñanza ofrecida a los estudiantes no blancos.
La medida generó reacciones dentro del ámbito académico. Sectores de profesores y estudiantes expresaron oposición a la política de segregación, mientras algunas universidades intentaron mantener criterios de admisión más amplios, aunque finalmente debieron ajustarse a las disposiciones legales vigentes.
Organizaciones políticas como el Congreso Nacional Africano denunciaron la legislación como parte del sistema general de discriminación racial. También se registraron críticas en foros internacionales y en instituciones académicas de otros países.
La puesta en marcha de la norma se desarrolló en paralelo a otras leyes del apartheid, como la Group Areas Act, que regulaba la segregación territorial, y la Bantu Education Act, que establecía un sistema educativo separado en los niveles primario y secundario.
El sistema de universidades segregadas se mantuvo durante décadas, con instituciones diferenciadas que funcionaron bajo supervisión estatal hasta el proceso de reformas iniciado a comienzos de la década de 1990. Ese proceso culminó con el desmantelamiento del apartheid y la integración del sistema educativo en un marco legal unificado.
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