1979 ALMANAQUE MUNDIAL Masonería

Templo masónico en España

El 19 de mayo de 1979 se legaliza la masonería en España, cerrando un período de prohibición iniciado durante el franquismo

El 19 de mayo de 1979 quedó legalizada la masonería en España, cerrando formalmente un largo período de prohibición iniciado durante el franquismo y habilitando el regreso público de una organización que, a lo largo de su historia en el país, había operado tanto en la clandestinidad como en espacios de poder, rodeada de controversias, acusaciones de secretismo y cuestionamientos sobre su influencia en la vida política e institucional.

Desde el siglo XVIII hubo una presencia masónica intermitente en territorio español, con logias vinculadas a corrientes liberales y a sectores ilustrados que encontraron en ellas un ámbito de sociabilidad reservado. Su desarrollo estuvo atravesado por sucesivas etapas de tolerancia y persecución, dependiendo de los cambios de régimen y del clima político imperante.

Durante el siglo XIX se expandió con mayor visibilidad, asociada a figuras de la política, del ejército y del pensamiento, lo que alimentó tanto su prestigio como las sospechas en su contra. Se la vinculó con conspiraciones, con redes de influencia y con proyectos ideológicos que, para sus detractores, operaban al margen del control de las leyes y bajo códigos inaccesibles para la mayoría de la sociedad.
El gobierno de Francisco Franco la prohibió de manera tajante tras la Guerra Civil. La legislación franquista identificó a la masonería como enemiga del Estado, pues se suponía que era parte de la subversión política. Se crearon tribunales especiales para perseguir a sus miembros, muchos de los cuales fueron encarcelados, exiliados o apartados de la vida pública.
Durante ese período, la masonería sobrevivió en la clandestinidad o en el exilio, manteniendo vínculos con logias en el extranjero. Su carácter reservado se profundizó, reforzando una estructura basada en rituales, grados jerárquicos y mecanismos de reconocimiento interno que consolidaban su identidad como organización cerrada.
Con la muerte de Franco en 1975 y el inicio de la transición democrática, se abrió un proceso de revisión de las prohibiciones vigentes. En ese contexto, diversas asociaciones solicitaron su reconocimiento legal, invocando derechos de asociación y libertades públicas que comenzaban a restablecerse en el país.
El 19 de mayo de 1979, el Ministerio del Interior inscribió a la masonería como asociación legal, permitiendo su funcionamiento abierto. La medida se enmarcó en la normalización institucional de la nueva etapa democrática, que incorporó a la legalidad a múltiples organizaciones previamente proscritas.
La legalización no eliminó los cuestionamientos históricos sobre su naturaleza. Persistieron críticas vinculadas a su carácter secreto, a la opacidad de sus deliberaciones y a la posibilidad de que sus miembros, presentes en distintos ámbitos de poder, mantuvieran lealtades internas que escaparan a la transparencia exigida en la función pública.
Se mantuvo vivo el debate sobre la influencia de sus redes, señaladas por algunos sectores como estructuras de cooptación y promoción interna que operan con criterios propios, difíciles de verificar desde el exterior. Su sistema de símbolos, juramentos y grados continuó siendo interpretado como una forma de organización que privilegia la pertenencia sobre la rendición de cuentas.
Desde su legalización, la masonería en España desarrolló actividades públicas, abrió sedes y difundió parte de su ideario, aunque conservó aspectos esenciales de reserva. Su historia en el país quedó marcada por esa dualidad: una organización formalmente integrada al orden democrático, pero persistente en prácticas que alimentan sospechas sobre su funcionamiento interno y su verdadero alcance en la vida institucional.
Ramírez de Velasco®