Juan Carlos Pugliese,presidente de la Cámara de Diputados En 1986, en el gobierno de Raúl Alfonsín, se sancionó la Ley de Punto Final para paralizar los procesos judiciales contra los responsables de hacer desaparecer gente El 23 de diciembre de 1986 fue sancionada la llamada Ley de Punto Final y promulgada al día siguiente por el presidente Raúl Alfonsín. Establecía la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura. La Ley de Obediencia Debida también dictada durante el gobierno de Alfonsín del 4 de junio de 1987, estableció una presunción iuris et de iure (pues no admitía prueba en contrario) respecto de los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas que no eran punibles por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida", un concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de sus
Cuaderno de notas de Santiago del Estero