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| Julio María Sanguinetti |
El 1 de marzo de 1985 Julio María Sanguinetti asume la presidencia del Uruguay, tras casi doce años de dictadura militar
El 1 de marzo de 1985 Julio María Sanguinetti asumió la presidencia del Uruguay. Comenzó la actual etapa democrática tras casi doce años de dictadura militar. La jornada selló el proceso de transición iniciado el año anterior, devolvió centralidad al Parlamento, restableció el funcionamiento pleno de los partidos políticos y abrió un período de reconstrucción institucional en medio de dificultades económicas y debates pendientes sobre el pasado reciente.Se llegaba a esa fecha después de un largo ciclo iniciado en junio de 1973, cuando el presidente Juan María Bordaberry disolvió las cámaras con apoyo militar. Desde entonces, quedaron suspendidas garantías, se prohibieron agrupaciones políticas y se multiplicaron detenciones y exilios. El país atravesó años de control castrense y restricciones a la actividad pública.Durante 1984 se aceleraron las negociaciones entre mandos militares y dirigentes partidarios. En agosto se firmó el Acuerdo del Club Naval, que estableció las condiciones para el retorno electoral. Quedaron habilitados los comicios nacionales, aunque con proscripciones vigentes para algunos líderes, entre ellos referentes del Partido Nacional y del Frente Amplio.
En noviembre de ese año se realizaron elecciones con amplia participación. Resultó vencedor el Partido Colorado, y su candidato, Sanguinetti, obtuvo la mayoría necesaria para encabezar el Poder Ejecutivo. Se configuró además un nuevo Parlamento, que retomaría sus funciones tras más de una década de interrupción institucional.
La ceremonia de asunción se desarrolló en Montevideo con presencia de delegaciones extranjeras y representantes de los partidos habilitados. Se realizó el traspaso de mando y se prestó juramento ante la Asamblea General. Quedaron oficialmente restablecidos los poderes del Estado bajo autoridades surgidas del voto popular.
Comenzó así una administración que debía atender una economía afectada por la crisis de la deuda externa y por años de estancamiento. Se iniciaron gestiones para estabilizar las cuentas públicas, renegociar compromisos financieros y recomponer la actividad productiva. También se dispusieron medidas para normalizar la situación de funcionarios y organismos intervenidos.
En el plano institucional se restablecieron derechos sindicales y se permitió el funcionamiento pleno de organizaciones sociales. Regresaron exiliados y recuperaron la libertad presos vinculados a causas políticas. Se reabrieron ámbitos de deliberación pública y se reactivaron instancias parlamentarias de control y legislación.
Quedó pendiente la discusión sobre las responsabilidades por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen anterior. A lo largo de 1985 se presentaron denuncias y se impulsaron actuaciones judiciales que derivaron en un intenso debate político y jurídico en los años siguientes.
Fue reorganizado además el vínculo entre poder civil y fuerzas armadas, con definiciones sobre competencias y subordinación institucional. Se impulsaron reformas administrativas y se procuró consolidar un esquema de convivencia entre los principales partidos, en un escenario de pluralidad recuperada.
A partir de aquella asunción comenzó una etapa de alternancia democrática que se mantuvo en las décadas siguientes. El 1 de marzo de 1985 quedó registrado como la fecha de formalización del retorno al orden constitucional mediante autoridades elegidas en comicios generales.
Ramírez de Velasco®


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