1994 CALENDARIO NACIONAL Mutual

Escombros humeantes del atentado

El 18 de julio de 1994 una bomba destruye en Buenos Aires, la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, en el atentado más mortífero de la historia argentina

El 18 de julio de 1994 en Buenos Aires una bomba destruyó la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas. Fue el atentado más mortífero de la historia argentina, incluso más que las criminales bombas de los socialistas de las décadas del 60 y 70: ocasionó 85 muertos, más de 300 heridos y la destrucción de todo el edificio.

Pocas semanas después, el juez y los fiscales que intervinieron en el inicio de la investigación concluyeron que la explosión se había producido mediante el uso de una furgoneta Trafic convertida en camión bomba y el grupo terrorista Hezbolá, respaldado por la República Islámica de Irán, con el apoyo de una conexión local, fue considerado responsable del ataque.

Desde 1994, estas conclusiones se han fortalecido y reforzado, y nunca han sido cuestionadas o descartadas por ninguno de los investigadores que han trabajado en el caso.

Desde 1994, la Asociación Mutual viene reclamando que se haga justicia y el enjuiciamiento y condena efectiva de los responsables de cometer e intelectualmente este brutal crimen de lesa humanidad.
En su Informe de Fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la Argentina violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, el derecho a una adecuada protección judicial y el derecho de la sociedad en su conjunto a la verdad. Esta comisión confirmó lo que los familiares de las víctimas han denunciado a lo largo de décadas de lucha y búsqueda de una verdad que aún no se hace presente.
Los familiares de las víctimas decidieron ir contra el Estado argentino, dada su incapacidad para prevenir un ataque terrorista a pesar de la inteligencia disponible. Además, luego del atentado, el gobierno no ofreció respuestas y en lugar de iniciar una investigación seria, puso a todas sus instituciones al servicio de encubrir las pruebas y los posibles autores, fomentando así la impunidad.
Por eso la Comisión afirmó que la impunidad que rodeó el atentado es resultado de maniobras ilegales de las instituciones argentinas, que incluyeron imponer líneas de investigación infundadas y abandonar las racionales. Estas acciones voluntariamente emprendidas por el Estado han puesto la verdad aún más fuera de alcance.
Con estas acciones, sostuvo el informe, el Estado violó el derecho a la vida, la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una adecuada protección judicial y el derecho de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad.
El daño institucional y social causado por el más que probado esquema de encubrimiento es enorme, según la comisión. Sin embargo, no fueron desmanteladas por completo las redes de relaciones entre sectores del poder político, los servicios de inteligencia y miembros del poder judicial que estancan los casos por los que se continúa exigiendo justicia.
Quienes eran niños en 1994 y perdieron a su padre o a su madre, se convirtieron en adultos, a la vez que murieron padres sin saber quién había sido el responsable de la muerte de sus hijos.
Desde un principio, en la lucha por aclarar quiénes habían sido los autores materiales e intelectuales de este salvaje crimen, las autoridades argentinas mostraron una evidente incapacidad material para investigar en su propio territorio, complicidad para encubrir a quienes se supo desde un principio que eran culpables, complicidad con regímenes que al menos eran sospechosos del delito y dejadez en la acción de recolectar pruebas que podrían haberlos llevado a inculparlos de manera seria y responsable.
©Juan Manuel Aragón