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| Hubo guerra de bandas |
El 2 de febrero del 2022, en la provincia de Buenos Aires circuló cocaína adulterada que provocó decenas de muertes e internaciones
El 2 de febrero del 2022, en la provincia de Buenos Aires se desató una crisis sanitaria y de seguridad vinculada a la circulación de cocaína adulterada que provocó decenas de muertes y numerosas internaciones. El episodio, asociado a una disputa violenta entre grupos narcotraficantes, expuso la magnitud del mercado ilegal de drogas en el conurbano bonaerense y obligó a una respuesta coordinada de los sistemas de salud, la justicia y las fuerzas de seguridad.Durante esa jornada comenzaron a registrarse ingresos masivos a hospitales públicos del oeste del Gran Buenos Aires. Pacientes con síntomas graves compatibles con intoxicación aguda por estupefacientes llegaron principalmente a centros de salud de los partidos de Hurlingham, Tres de Febrero, San Martín y Morón. Muchos presentaban convulsiones, insuficiencia respiratoria y pérdida de conciencia.Las primeras investigaciones médicas detectaron que la sustancia consumida no era cocaína pura, sino una mezcla adulterada con compuestos altamente tóxicos. Los análisis posteriores identificaron la presencia de carfentanilo y otras sustancias de uso veterinario o farmacológico, cuyo consumo en humanos puede resultar letal incluso en dosis mínimas.
En paralelo a la emergencia sanitaria, las autoridades judiciales comenzaron a reconstruir el origen de la droga. La hipótesis principal señaló una guerra territorial entre bandas narcotraficantes que operaban en el conurbano, en la que una de ellas habría distribuido cocaína envenenada como represalia o mecanismo de disciplina del circuito ilegal.
El Ministerio de Salud de la provincia declaró la alerta epidemiológica y ordenó reforzar guardias, terapias intensivas y servicios de toxicología. Se emitieron comunicados urgentes para advertir a la población sobre el riesgo del consumo y se recomendó a quienes hubieran adquirido cocaína que se abstuvieran de usarla y buscaran asistencia médica inmediata ante cualquier síntoma.
Las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano. En una de las viviendas investigadas se hallaron envoltorios con restos de la sustancia adulterada, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento. Las detenciones permitieron avanzar en la identificación de los responsables de la distribución.
El caso tuvo un fuerte impacto político y social. Funcionarios provinciales y nacionales realizaron conferencias de prensa conjuntas, mientras los intendentes de los distritos afectados coordinaron procedimientos de prevención y asistencia. El episodio reabrió el debate sobre las políticas de drogas, la reducción de daños y la capacidad de respuesta del sistema de salud ante intoxicaciones masivas.
Los hospitales públicos trabajaron durante varios días con alta ocupación de camas críticas. Médicos y enfermeros relataron la complejidad de los tratamientos, ya que muchos pacientes desconocían la composición exacta de la sustancia consumida y habían ingerido dosis variables en distintos momentos.
Las autopsias confirmaron que la causa de muerte en la mayoría de los casos fue un fallo multiorgánico derivado de la intoxicación. La justicia federal y la justicia provincial intervinieron de manera complementaria, dado que el tráfico de estupefacientes y las muertes derivadas involucraban distintos fueros.
El episodio dejó cifras precisas: más de veinte personas fallecidas, decenas de internados en hospitales del conurbano bonaerense, múltiples allanamientos y al menos una decena de detenidos, además de cientos de dosis de cocaína adulterada secuestradas durante los operativos posteriores.
Ramírez de Velasco®


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