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El 28 de julio de 2024, en Venezuela hay elecciones presidenciales marcadas por un fraude orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro
El 28 de julio de 2024, Venezuela celebró elecciones presidenciales para el período 2025-2031, marcadas por un fraude orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, proclamó a Maduro como ganador con el 51,2 por ciento de los votos, a pesar de evidencias contundentes de manipulación, como la falta de actas detalladas, irregularidades en la cuenta, inhabilitaciones de opositores y represión postelectoral. La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, denunció un robo electoral, respaldada por observadores internacionales y actas que mostraban una victoria opositora.
La oposición, en cambio, recopiló el 80 por ciento de las actas electorales, que mostraban a González Urrutia con un 67 por ciento de los votos frente al 30 por ciento de Maduro. Estas actas, verificadas por el Centro Carter y un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, fueron consideradas confiables y evidenciaban un resultado "irreversible" a favor de la oposición. La negativa del Consejo a publicar datos oficiales reforzó las acusaciones de fraude.
El gobierno también manipuló la observación internacional. La entidad Transparencia Electoral, que no depende del gobierno, identificó a 100 "falsos observadores" invitados por el régimen, muchos de ellos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o aliados internacionales, como el expresidente dominicano Leonel Fernández, con el objetivo de legitimar el proceso. La Unión Europea no participó debido a tensiones políticas.
Maduro recurrió a tácticas intimidatorias antes de los comicios, advirtiendo sobre un posible "baño de sangre" si no ganaba. Esta retórica buscaba desmovilizar al electorado opositor, pero generó mayor participación, con más de 21 millones de votantes convocados. Sin embargo, incidentes durante el conteo, como el robo de urnas, fueron informados en varias regiones.
Tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, protestas masivas estallaron en todo el país, exigiendo transparencia. El gobierno respondió con una represión brutal: Human Rights Watch documentó asesinatos, torturas y 1.674 detenciones por motivos políticos. Líderes opositores, como Juan Pablo Guanipa, fueron arrestados, y González Urrutia, perseguido por la fiscalía, buscó asilo en España.
La comunidad internacional reaccionó con firmeza. Países como Estados Unidos, Canadá y nueve naciones hispanoamericanas rechazaron los resultados y reconocieron a González como ganador. El Grupo de los 7 y las Naciones Unidas exigieron la publicación de actas detalladas, mientras Rusia, China y Cuba respaldaron a Maduro. El panel de expertos de las Naciones Unidas publicó un informe desclasificado que detallaba las irregularidades, calificando el proceso como antidemocrático.
El fraude electoral profundizó la crisis política en Venezuela. La oposición, liderada por Machado, llamó a boicotear las elecciones parlamentarias del 2025, argumentando que participar legitimaría al régimen. La baja participación en esos comicios reflejó el rechazo popular a un sistema electoral desacreditado.
A un año de las elecciones, Venezuela sigue estancada. Maduro asumió su tercer mandato el 10 de enero del 2025, pero su legitimidad está en entredicho. La lucha por la democracia continúa, con la oposición y la comunidad internacional exigiendo que se respetara la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio.
Juan Manuel Aragón
Ramírez de Velasco®
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