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| La represión en Venezuela |
Desde el 2013, cuando asumió Nicolás Maduro, hubo, por lo menos 9.465 personas asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado
¿Cuántas muertes debe el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Las organizaciones de Derechos Humanos lo acusan de cometer miles de asesinatos durante represiones políticas, en ejecuciones extrajudiciales, mediante torturas en custodia y en medio de una violencia sistemática e institucionalizada. Los que se cuentan en esta nota son muertos—muertos, es decir no figuran los que se fueron al otro mundo por delincuencia común o crisis humanitaria indirecta, como hambre o falta de atención médica, que podrían sumar decenas de miles más según estimaciones.
La represión aumenta en periodos electorales y de crisis, con un patrón de impunidad: el 95 por ciento de los casos no llegan a condena. Diversas instituciones internacionales que no dependen del gobierno han destacado que estas acciones no son aisladas, sino políticas estatales para silenciar la oposición.
Casos notorios documentados
Bassil Da Costa, estudiante de 22 años. Muerto el 12 de febrero del 2014 durante las protestas iniciales contra Maduro en Caracas. Un francotirador de la Guardia Nacional Bolivariana le disparó en la cabeza. Fue el comienzo de la represión sistemática; su caso impulsó investigaciones de la Organización de Estados Americanos sobre crímenes de lesa humanidad.
Fernando Albán, de 56 años y concejal opositor, fue detenido el 8 de octubre del 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (el temido Sebin) luego de un supuesto "atentado" con drones contra Maduro. Murió en custodia en el Helicoide, una de las cárceles más crueles del continente y sede del Sebin. El gobierno alegó "suicidio" por caída desde el décimo piso, pero sus parientes cercanos e instituciones denunciaron que murió por las torturas. Hubo protestas internacionales.
El caso de Rafael Acosta Arévalo (capitán de corbeta, opositor) también es conocido. El 29 de junio del 2019 lo detuvo la Dirección de Contrainteligencia Militar por una supuesta conspiración. Torturado durante interrogatorios mediante asfixia y descargas de electricidad, murió en custodia sin juicio. Su esposa denunció rabdomiolisis y politraumatismo. Para la Corte Penal Internacional fue una evidencia de crímenes sistemáticos.
El manifestante Luis Enrique Ramos Suárez, de 29 años, fue ejecutado el 24 de enero del 2019 por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, en Carora (Lara) durante protestas contra Maduro por escasez de alimentos. Le pegaron un tiro en el abdomen; el día antes, un audio viral convocaba manifestaciones. Amnistía Internacional lo califica como ejecución extrajudicial para castigar barrios pobres.
El 8 de febrero del 2024, fue asesinado en Chile Ronald Ojeda, opositor exiliado de 32 años, por orden del régimen, según autoridades chilenas y documentos judiciales. Un miembro de Tren de Aragua —grupo criminal aliado al chavismo— lo secuestró y lo mató, enterrando su cuerpo en cemento con cal viva. Maduro lo ordenó para eliminar disidentes en el exterior; un caso similar a las tácticas de Vladimir Putin.
A César Pereira, de 19 años, el 28 de mayo del 2017, un policía de Anzoátegui le disparó en el abdomen en una manifestación contra la Asamblea Constituyente.
Luego de las elecciones del 2024, el régimen mató también a Walter Páez Lucena, de 34 años; a John Graterol, de 19. Hubo entre 23 y 27 muertos en protestas contra el fraude electoral. Páez fue baleado en el abdomen en Lara; su esposa fue encarcelada, dejando huérfanas a dos niñas. Graterol murió en brazos de amigos por un balazo en el pecho.
Jesús Rafael Álvarez tenía 44 años cuando fue detenido luego de las elecciones del 2024, en Bolívar, junto con su esposa por "terrorismo". Murió en la cárcel de Tocuyito por negligencia médica (necrosis en las piernas); sufrió torturas y denegación de visitas. Fue uno de, por lo menos cinco muertos en custodia luego de las elecciones.
El 1 de agosto del 2024, detuvieron a Osgual Alexander González Pérez de 43 años, en Lara, iba con su hijo, de 19 años. Murió el 16 de diciembre en Tocuyito, por denegación de atención médica y torturas, la familia informó que lo golpearon. María Corina Machado, la líder opositora, actualmente con paradero desconocido y perseguida por el régimen, lo denunció como "crimen de Estado".
Estos asesinatos siguen un patrón: uso de fuerza letal (balas en la cabeza y el pecho), torturas (asfixia, golpizas, descargas) y negligencia en la detención. La impunidad es del 95 por ciento, con el gobierno culpando a "malandros" o "suicidios".
La comunidad internacional, salvo dos o tres aliados del régimen, viene urgiendo a que se investigue y sancione estos crímenes. Ya estableció que las muertes no son "accidentes", sino parte de una estrategia para perpetuarse en el poder, como confirmó la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en el 2024.
Bassil Da Costa, estudiante de 22 años. Muerto el 12 de febrero del 2014 durante las protestas iniciales contra Maduro en Caracas. Un francotirador de la Guardia Nacional Bolivariana le disparó en la cabeza. Fue el comienzo de la represión sistemática; su caso impulsó investigaciones de la Organización de Estados Americanos sobre crímenes de lesa humanidad.
Fernando Albán, de 56 años y concejal opositor, fue detenido el 8 de octubre del 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (el temido Sebin) luego de un supuesto "atentado" con drones contra Maduro. Murió en custodia en el Helicoide, una de las cárceles más crueles del continente y sede del Sebin. El gobierno alegó "suicidio" por caída desde el décimo piso, pero sus parientes cercanos e instituciones denunciaron que murió por las torturas. Hubo protestas internacionales.
El caso de Rafael Acosta Arévalo (capitán de corbeta, opositor) también es conocido. El 29 de junio del 2019 lo detuvo la Dirección de Contrainteligencia Militar por una supuesta conspiración. Torturado durante interrogatorios mediante asfixia y descargas de electricidad, murió en custodia sin juicio. Su esposa denunció rabdomiolisis y politraumatismo. Para la Corte Penal Internacional fue una evidencia de crímenes sistemáticos.
El manifestante Luis Enrique Ramos Suárez, de 29 años, fue ejecutado el 24 de enero del 2019 por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, en Carora (Lara) durante protestas contra Maduro por escasez de alimentos. Le pegaron un tiro en el abdomen; el día antes, un audio viral convocaba manifestaciones. Amnistía Internacional lo califica como ejecución extrajudicial para castigar barrios pobres.
El 8 de febrero del 2024, fue asesinado en Chile Ronald Ojeda, opositor exiliado de 32 años, por orden del régimen, según autoridades chilenas y documentos judiciales. Un miembro de Tren de Aragua —grupo criminal aliado al chavismo— lo secuestró y lo mató, enterrando su cuerpo en cemento con cal viva. Maduro lo ordenó para eliminar disidentes en el exterior; un caso similar a las tácticas de Vladimir Putin.
A César Pereira, de 19 años, el 28 de mayo del 2017, un policía de Anzoátegui le disparó en el abdomen en una manifestación contra la Asamblea Constituyente.
Luego de las elecciones del 2024, el régimen mató también a Walter Páez Lucena, de 34 años; a John Graterol, de 19. Hubo entre 23 y 27 muertos en protestas contra el fraude electoral. Páez fue baleado en el abdomen en Lara; su esposa fue encarcelada, dejando huérfanas a dos niñas. Graterol murió en brazos de amigos por un balazo en el pecho.
Jesús Rafael Álvarez tenía 44 años cuando fue detenido luego de las elecciones del 2024, en Bolívar, junto con su esposa por "terrorismo". Murió en la cárcel de Tocuyito por negligencia médica (necrosis en las piernas); sufrió torturas y denegación de visitas. Fue uno de, por lo menos cinco muertos en custodia luego de las elecciones.
El 1 de agosto del 2024, detuvieron a Osgual Alexander González Pérez de 43 años, en Lara, iba con su hijo, de 19 años. Murió el 16 de diciembre en Tocuyito, por denegación de atención médica y torturas, la familia informó que lo golpearon. María Corina Machado, la líder opositora, actualmente con paradero desconocido y perseguida por el régimen, lo denunció como "crimen de Estado".
Estos asesinatos siguen un patrón: uso de fuerza letal (balas en la cabeza y el pecho), torturas (asfixia, golpizas, descargas) y negligencia en la detención. La impunidad es del 95 por ciento, con el gobierno culpando a "malandros" o "suicidios".
La comunidad internacional, salvo dos o tres aliados del régimen, viene urgiendo a que se investigue y sancione estos crímenes. Ya estableció que las muertes no son "accidentes", sino parte de una estrategia para perpetuarse en el poder, como confirmó la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en el 2024.
El mundo quiere saber qué pasa, qué sucedió en Venezuela. Nosotros también.
Juan Manuel Aragón
A 15 de septiembre del 2025, en Ancaján. Volcando la cebadura.
Ramírez de Velasco®
Juan Manuel Aragón
A 15 de septiembre del 2025, en Ancaján. Volcando la cebadura.
Ramírez de Velasco®
Cualquier similitud con los resultados del socialismo marxista en todos los países donde se implementó el experimento, no es pura coincidencia.
ResponderEliminarEso si, no se puede discutir que se logra la tan ansiada igualdad en todas las clases. Todas se vuelven igual de pobres.....menos la clase dirigente, claro está.