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| Se discute el cambio del clima |
Firmado en Japón, el 11 de diciembre del 97, entró en vigencia en esta fecha y pedía reducir la emisión de gases de efecto invernadero
El 16 de febrero del 2005 entró en vigencia el Protocolo de Kioto. Había sido aprobado en esa ciudad del Japón el 11 de diciembre de 1997 durante una reunión de las Naciones Unidas para discutir el cambio climático.
Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los perfluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, afectan el equilibrio energético de la atmósfera mundial y conducen a un aumento general de la temperatura media global, conocido como calentamiento global.
Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial en 1988, los efectos a largo plazo del calentamiento global incluirían un aumento general de la altura del mar en todo el mundo, lo que resultaría en la inundación de aguas bajas y la posible desaparición de algunos estados insulares; el derretimiento de los glaciares, el hielo marino y el permafrost del Ártico; un aumento en el número de eventos extremos relacionados con el clima, como inundaciones y sequías, y cambios en su distribución y un mayor riesgo de extinción del 20 al 30 por ciento de todas las especies de plantas y animales.
El Protocolo comprometió a la mayoría de los signatarios del Anexo I, con miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y varios países con “economías en transición” con objetivos obligatorios de reducción de emisiones, que variaban según el caso particular.
Otros signatarios, en su mayoría países en desarrollo, no estaban obligados a restringir sus emisiones. El protocolo entró en vigor 90 días después de haber sido ratificado por 55 signatarios del Anexo I que en conjunto representaban al menos el 55 por ciento de las emisiones totales de dióxido de carbono en 1990.
El protocolo proporcionó varios medios para que los países alcanzaran sus objetivos. Un enfoque fue hacer uso de procesos naturales, llamados "sumideros", que eliminan los gases de efecto invernadero de la atmósfera. La plantación de árboles, que absorben dióxido de carbono del aire, sería un ejemplo.
Otro enfoque fue el programa internacional Mecanismo de Desarrollo Limpio, que alentó a los países desarrollados a invertir en tecnología e infraestructura en países menos desarrollados, donde a menudo había oportunidades significativas para reducir las emisiones. Bajo este Mecanismo, el país inversionista podía reclamar la reducción efectiva de emisiones como un crédito para cumplir con sus obligaciones.
Un ejemplo sería una inversión en una planta de energía de gas natural de combustión limpia para reemplazar una planta de carbón. Un tercer enfoque era el comercio de emisiones, que permitía a los países participantes comprar y vender derechos de emisión y, por lo tanto, asignaba un valor económico a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los países europeos iniciaron un mercado de comercio de emisiones como un mecanismo para trabajar hacia el cumplimiento de sus compromisos bajo el Protocolo de Kioto. Los países que no cumplieron con sus objetivos de emisiones deberán compensar la diferencia entre sus emisiones objetivo y las reales, más una multa del 30 por ciento, en el período de compromiso subsiguiente, a partir del 2012; también se les impediría participar en el comercio de emisiones hasta que se considere que cumplen con el protocolo. Los objetivos de emisión para los períodos de compromiso posteriores a 2012 debían establecerse en futuros protocolos.
Aunque el Protocolo representó un logro diplomático histórico, su éxito estuvo lejos de estar asegurado. Informes de los primeros dos años después de que el tratado entró en vigor indicaron que la mayoría de los participantes no cumplirían con sus objetivos de emisión.
Sin embargo, incluso si se cumplieran los objetivos, el beneficio final para el medio ambiente no sería significativo, según algunos críticos, ya que China, el principal emisor mundial de gases de efecto invernadero, y Estados Unidos, el segundo mayor emisor del mundo, no estaban obligados a cumplir el protocolo.
Otros críticos afirmaron que las reducciones de emisiones solicitadas en el protocolo eran demasiado modestas para hacer una diferencia detectable en las temperaturas globales en las décadas siguientes, incluso si se lograran por completo con la participación de los Estados Unidos.
Mientras tanto, algunos países en desarrollo argumentaron que mejorar la adaptación a la variabilidad y el cambio climático era tan importante como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En la Conferencia de las Partes, celebrada en Doha, Qatar, en el 2012, los delegados acordaron extender el Protocolo de Kioto hasta el 2020. También reafirmaron su compromiso de la conferencia de Durban, Sudáfrica, del 2011, para crear un tratado climático nuevo, integral y jurídicamente vinculante para el 2015 que exigiría a los países productores de gases de efecto invernadero, incluidos los principales emisores de carbono que no cumplen con el Protocolo de Kioto (como China, India y los Estados Unidos), limitar y reducir sus emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. El nuevo tratado, cuya puesta en marcha estaba prevista para el 2020, debía reemplazar por completo al Protocolo de Kioto.
Luego de una serie de conferencias llenas de desacuerdos, los delegados de la Conferencia de París, Francia, en 2015, firmaron un acuerdo global pero no vinculante para limitar el aumento de la temperatura media mundial a no más de 2 grados centígrados por encima de los tiempos preindustriales y, al mismo tiempo, se esfuerza por mantener este aumento en 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales.
El acuerdo, firmado por los 196 signatarios de la Conferencia, reemplazó el Protocolo de Kioto. También ordenó una revisión del progreso cada cinco años y el desarrollo de un fondo de 100 mil millones de dólares para el 2020, que se repondría anualmente, para ayudar a los países en desarrollo a adoptar tecnologías que no produzcan gases de efecto invernadero.
©Juan Manuel Aragón
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