VENEZUELA Denuncian una represión brutal

De un lado la gente, del otro la policía

El pueblo exigió un conteo justo después de las últimas elecciones, pero el régimen chavista se lo negó: hubo desaparecidos y torturados

Resumen de una nota en La Patilla
Horas después del cierre de urnas en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral anunció la reelección de Nicolás Maduro con más del 51 por ciento de los votos. Observadores internacionales, como el panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas y el Centro Carter, denunciaron la falta de transparencia e integridad del proceso, cuestionando los resultados. El Centro Carter validó las actas de escrutinio publicadas por la oposición, que indicaban la victoria de Edmundo González, pero el Consejo Electoral no publicó las actas oficiales ni realizó las auditorías requeridas por la ley.

Miles de venezolanos protestaron pacíficamente exigiendo un conteo justo, pero fueron reprimidos brutal y bestialmente. Un informe de Human Rights Watch, basado en más de 100 entrevistas y la verificación de 90 videos y fotos, documenta graves violaciones de derechos humanos contra manifestantes, opositores y críticos luego de las elecciones. Las autoridades venezolanas y los “colectivos” armados progubernamentales son responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.

Se confirmaron 25 asesinatos durante las protestas del 29 y 30 de julio, principalmente de jóvenes de barrios pobres, con evidencia que implica a fuerzas de seguridad y “colectivos chavistas”, que intimidaron y atacaron a manifestantes con armas de fuego cuando las fuerzas de seguridad no lograban dispersarlos.
Más de 2.000 personas, entre ellas manifestantes, opositores y defensores de derechos humanos, fueron detenidas. Muchas enfrentaron cargos vagos como “incitación al odio” o “terrorismo”, con penas de hasta 30 años. Los detenidos sufrieron desapariciones forzadas, incomunicación, negación de abogados y procesos judiciales viciados, como audiencias virtuales grupales. Un caso emblemático es el de Sofía Sahagún Ortiz, hispano-venezolana detenida en octubre, trasladada al Helicoide tras meses sin información sobre su paradero, acusada de “financiamiento del terrorismo”.
Aunque unas 2.000 personas fueron liberadas, muchas debieron firmar documentos que les prohíben hablar de su detención. Estuardo Pérez Olmedo, defensor de derechos humanos, fue detenido cuatro meses, trasladado entre seis centros, presionado para incriminar a opositores y acusado de terrorismo pese a negar su participación en protestas.
La represión forzó al exilio a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan sistemas de asilo saturados en toda América y programas de reasentamiento suspendidos en Estados Unidos bajo la administración Trump.
Luego de una década de autoritarismo, la represión en Venezuela se intensifica. Estrategias internacionales, desde sanciones hasta diálogos, no han logrado una transición democrática. La comunidad internacional debe apoyar la rendición de cuentas mediante sanciones individuales, respaldar a la Corte Penal Internacional y la Misión de las Naciones Unida, y limitar la asistencia extranjera a la represión, como la de Cuba al SEBIN. También debe exigir mejoras verificables en derechos humanos, liberar a detenidos arbitrariamente y proteger a la sociedad civil y venezolanos exiliados.
Con 8 millones de migrantes, la crisis venezolana afecta a todo el hemisferio. Los gobiernos de América, Europa y Estados Unidos deben apoyar la lucha por la democracia y los derechos humanos, ampliando la protección a quienes huyen y financiando a organizaciones civiles. Abandonar esta causa normalizaría las violaciones de derechos y podría desencadenar nuevos éxodos.
Ramírez de Velasco®