OPINIÓN Planes de ahorro truchos en La Banda

Planes de ahorro que son una estafa

Proliferan empresas de planes de ahorro que, bajo la máscara del sueño de la movilidad, fabrican desesperanza a escala industrial

*Por Fabio Cisneros
En la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, algo silencioso, pero profundamente devastador está ocurriendo: la proliferación impune de empresas truchas de planes de ahorro que, bajo la máscara del sueño de la movilidad, fabrican desesperanza a escala industrial. Con promesas de motos, autos y facilidades “al alcance de todos”, han tejido una telaraña en la que caen miles de personas vulnerables, ilusionadas por la posibilidad de acceder a un bien esencial en su vida cotidiana.

Estas organizaciones no son empresas en el sentido estricto de la ley, sino mecanismos cuidadosamente montados para la defraudación. No tributan, no cumplen las condiciones legales para operar en el sistema financiero, y sin embargo logran enriquecerse a costa de la ilusión ajena. Son verdaderos laboratorios de simulacro jurídico y contable, donde se ensamblan contratos vacíos de contenido real, facturas “proforma” sin respaldo, y declaraciones sin sustento técnico alguno. Venden confianza como si fuera mercadería y distribuyen frustración con recibo.

Pero lo más alarmante no es solamente la audacia con que operan, sino el andamiaje que las sostiene: profesionales del derecho y la contabilidad que prestan su firma, su matrícula, su legitimidad técnica al servicio del fraude. Abogados que redactan contratos y contestaciones judiciales que intentan lavar la estafa con latinajos, contadores que firman balances invisibles y avalan estructuras empresariales fantasmas. Son cómplices necesarios en una estructura delictiva que se presenta como “comercio”.
Y mientras tanto, el Estado mira hacia otro lado. Las arcas públicas pierden millones en impuestos evadidos, en costos judiciales que deben afrontar las víctimas para reclamar lo suyo, en la saturación de un sistema judicial que paga la negligencia de los órganos de contralor que no funcionan. Se pierde dinero, pero más grave aún: se pierde confianza institucional. El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza a los consumidores la protección de sus derechos, pero en La Banda ese artículo se ha vuelto letra muerta ante la pasividad municipal.
La Municipalidad de La Banda, que tiene la obligación de controlar habilitaciones, fiscalizar actividades económicas, y proteger a sus vecinos, es partícipe por omisión. No controlar es permitir. No clausurar es habilitar. No prevenir es consagrar el delito. Mientras tanto, los estafadores hacen pie, abren locales, ponen carteles, ofrecen sus servicios en redes sociales y en la mismísima calle principal. Y lo hacen con total impunidad.
¿Y las víctimas? Son jubilados que entregan sus últimos ahorros, jóvenes que sueñan con comprarse su primera moto, trabajadores que ven en estos planes una posibilidad de movilidad que el sistema tradicional les niega. Son hipervulnerables —como bien define el derecho del consumidor—, y son sistemáticamente explotados por estos mercaderes de humo. Cuando quieren reclamar, descubren que el contrato es nulo, que no hay entrega, que no hay devolución, que el domicilio fiscal no existe o que el titular no responde. En muchos casos, las empresas desaparecen de un día para el otro. Como una estafa piramidal, pero horizontal, sostenida por el silencio institucional.
Desde el punto de vista histórico, esto no es nuevo: ya lo advertía Alberdi cuando decía que la ley sin administración es una promesa vacía. Y ya lo señalaba José Ingenieros en El hombre mediocre, al denunciar a los que "usan la ley como pretexto y no como instrumento". Aquí la mediocridad no es sólo moral: es institucional. La mediocridad es también la de una sociedad que se acostumbra a la estafa como paisaje.
Desde la filosofía del derecho, nos encontramos ante una patología de la legalidad: normas que existen pero que no se aplican, instituciones que deberían proteger pero que legitiman la impunidad, derechos que se declaman, pero no se garantizan. El principio de buena fe —columna vertebral del ordenamiento civil y comercial— se transforma en coartada para el saqueo cuando no hay sanción para quien lo pisotea.
No estamos ante un caso aislado. Estamos ante un modelo de negocio basado en la mentira, amparado por la omisión estatal y sostenido por profesionales desleales. Y es nuestra obligación denunciarlo, no sólo en los tribunales, sino también en el espacio público. Porque cada peso que se le roba a un trabajador con promesas vacías, es un gramo menos de justicia en nuestra democracia.
Es hora de que el Municipio, el Estado provincial, y los colegios profesionales de abogados y contadores actúen. Y si no lo hacen, la historia los juzgará por su complicidad pasiva. Como bien decía Hannah Arendt, el mal muchas veces no es producto del odio, sino de la banalidad de la indiferencia.
La Banda no puede ser tierra fértil para estafadores profesionales ni cementerio de sueños populares.

*Tomado de su sitio de Facebook
Ramírez de Velasco€®