MÉXICO Los desaparecidos son 125.000

Con una violencia creciente, el gobierno es parte del problema, no de la solución

Un informe que enviaron amigos mexicanos, da cuenta del desastre humanitario que se vive en ese país

El siguiente es un informe que enviaron amigos de México, país en el que desaparecieron 125.000 personas desde 1962 hasta hoy y Enel que no hay señales de que la violencia, las muertes y la impunidad vayan a desaparecer. Se publica como parte del esfuerzo que llevan adelante grupos de mexicanos, organizados para hallar a los desaparecidos o al menos tener una explicación plausible de lo que sucedió. Como se insinúa al final del informe, el gobierno mexicano es parte del problema y no de la solución.

El informe
Desde 1962 hasta el 26 de marzo de 2025, México lleva más de 125.000 desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de ese país y estimaciones de Amnistía Internacional. La cuenta comenzó bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó ese país durante más de 70 años.

Entre las décadas de 1960 y 1980, se documentaron entre 500 y 1.200 desapariciones vinculadas a la represión estatal. Estas afectaron a movimientos sociales, estudiantiles y terroristas en estados como Guerrero.
A fines de la década del 80, el narcotráfico comenzó a ganar terreno tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989. Este acontecimiento fracturó acuerdos previos entre los cárteles y el gobierno, aumentando la violencia. Durante la década del 90, las desapariciones relacionadas con el crimen organizado volvieron a aumentar, especialmente por secuestros y enfrentamientos entre grupos criminales.
En diciembre del 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los cárteles, conocida como la guerra contra el narcotráfico. Esta estrategia, apoyada por la Iniciativa Mérida de Estados Unidos, elevó las desapariciones. Entre el 2006 y el 2012, se informó de unos 26.000 casos.
Más del 88 por ciento de las desapariciones desde 1962 ocurrieron después del 2006, según datos oficiales, cuando cárteles como Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación intensificaron sus actividades. Hubo secuestros masivos y el uso de fosas clandestinas para ocultar cuerpos, especialmente en regiones disputadas por los narcos.
Un caso destacado ocurrió en el 2014, con la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. El incidente involucró a autoridades locales, policía y el grupo criminal Guerreros Unidos. Ahí se expuso la colaboración entre funcionarios y el crimen organizado y la ciudadanía volvió a poner el foco sobre el problema de las desapariciones.
Desde el 2018, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se informó de más de 29.000 desapariciones hasta el 2023. Al 8 de agosto del 2024, el registro oficial indicaba 116.386 personas "desaparecidas y no localizadas" desde 1950. La cifra supera los 125.000 al 26 de marzo de 2025, según estimaciones actualizadas.
Las desapariciones se concentran en estados como Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco, donde los cárteles dominan territorios. Más de la mitad de las víctimas son jóvenes de 15 a 34 años. El 74 por ciento son hombres, aunque la cantidad de mujeres, especialmente niñas y adolescentes, ha crecido en los últimos años.
Migrantes centroamericanos que cruzan México rumbo a Estados Unidos también son afectados. Muchos son secuestrados por grupos criminales en rutas migratorias. Las autoridades han informado que estos casos contribuyen al aumento de desaparecidos, aunque los números exactos son difíciles de precisar.
Desde el 2006, se han localizado más de 4.800 fosas clandestinas con miles de restos sin identificar. Un ejemplo es el rancho Izaguirre en Jalisco, utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas fosas se han hallado en estados con alta presencia de crimen organizado, como Sinaloa y Chihuahua.
En Guerrero, las desapariciones han sido constantes desde la década del 60, primero por represión estatal y luego por el narcotráfico. Otros estados como Nuevo León y Sonora también tienen cifras significativas. La violencia entre cárteles y militares ha multiplicado los casos en estas regiones.
Más de 200 grupos de búsqueda trabajan en el país, como Hasta Encontrarte en Guanajuato. Formados principalmente por familiares, han localizado fosas y restos ante la falta de acción oficial. En el 2023, se informó de hallazgos en al menos 15 estados, incluyendo Jalisco y Tamaulipas.
Los datos oficiales muestran que solo el 1 por ciento de los delitos en México se resuelve. Esto incluye casos de desapariciones, tanto por grupos criminales como por agentes estatales. La falta de resolución mantiene el problema sin avances significativos desde hace décadas.
Entre el 2006 y el 2025, los cárteles diversificaron sus actividades con tráfico humano y extorsión. Esto aumentó las desapariciones de mujeres y menores, especialmente en cerca de las fronteras. Las autoridades han identificado a Tamaulipas como un punto crítico para estos delitos.
En el 2020, el gobierno informó de 20 desapariciones diarias en todo México. Esta cifra se mantuvo estable hasta el 2024, según el registro oficial. En estados como Jalisco, el número supera el promedio nacional debido a la influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los restos encontrados en fosas clandestinas a menudo carecen de identificación. Entre el 2006 y el 2023, se exhumaron más de 6.000 cuerpos en todo el país. Las autoridades han procesado menos del 20 por ciento de estos hallazgos, dejando miles de casos sin respuesta.
En 2022, se hallaron 530 fosas clandestinas en un solo año, principalmente en el norte del país. Tamaulipas encabezó la lista con 92 sitios, seguido por Chihuahua y Sinaloa. Estos descubrimientos fueron realizados tanto por grupos independientes como por fuerzas federales.
En el registro de desaparecidos hay casos desde 1962, pero los datos antes del 2006 son limitados. Las cifras oficiales se basan en denuncias formales, aunque muchas desapariciones no se informan. Esto sugiere que el número real podría ser mayor al estimado.
En el 2024, el gobierno actualizó el registro, añadiendo miles de casos pendientes de años anteriores. Al 26 de marzo del 2025, las desapariciones acumuladas reflejan un problema que abarca más de seis décadas. Los datos continúan creciendo con reportes diarios en múltiples estados.

El gobierno
Andrés Manuel López Obrador, durante su presidencia del 2018 al 2024, planteó varias soluciones para abordar las desapariciones. Una de sus primeras acciones fue reconocer la gravedad del problema al inicio de su mandato. Creó la Comisión Nacional de Búsqueda para coordinar esfuerzos de localización, transfirió fondos federales para establecer comisiones estatales y prometió resolver casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En el 2019 puso en marcha la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, heredada del gobierno anterior, y estableció el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. También impulsó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada en el 2023, que incluyó un nuevo censo para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y creó comisiones para investigar la Guerra Sucia y Ayotzinapa.
Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador desde el 1 de octubre de 2024, ha prometido continuar los ajustes. Durante su campaña, se comprometió a fortalecer las instituciones de búsqueda y mantener el "humanismo mexicano". En sus primeros meses, ha enfatizado confiscar más drogas, aumentar detenciones y mejorar extradiciones, como el caso de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024. También ha propuesto modernizar las políticas sociales de su antecesor, enfocándose en reducir la pobreza para atacar las causas de la violencia, y ha anunciado planes para una reforma fiscal que financie estas iniciativas. En seguridad, busca un enfoque más civil, aunque no ha detallado un plan concreto para desmilitarizar la Guardia Nacional.
Estas soluciones no han dado resultados significativos por varias razones. Durante el gobierno de López Obrador, la Comisión Nacional de Búsqueda perdió personal y capacidad operativa tras la salida de Karla Quintana en el 2023, que renunció por desacuerdos con el nuevo censo que redujo artificialmente las cifras de desaparecidos, clasificando a 80.000 personas como "sin datos suficientes".
El censo, realizado por la Secretaría del Bienestar y no por expertos, generó desconfianza entre familiares y grupos de búsqueda, que lo vieron como un intento de manipular estadísticas. Además, la protección de López Obrador al Ejército, pese a señalamientos de su papel en casos como Ayotzinapa, frenó investigaciones clave. La Guardia Nacional, con 128.000 elementos en el 2024, no redujo la violencia: entre el 2018 y el 2024 se registraron 51.703 desapariciones, un promedio de 24 diarias, y los cárteles ampliaron su control en estados como Sinaloa y Tamaulipas.

Abrazos, no balazos
La estrategia de "abrazos, no balazos", implantada candorosamente —o de intento —por el gobierno de López Obrador no solamente no desmanteló estructuras criminales, sino que la impunidad persistió, con solo el 1 por ciento de los delitos resueltos.
En el caso de Sheinbaum, su administración lleva menos de seis meses, pero enfrenta problemas heredados y estructurales. La falta de una estrategia clara contra la violencia, más allá de operativos puntuales, mantiene las desapariciones en aumento. En el 2025, Causa en Común reportó sabotajes a comisiones de búsqueda y fiscalías por falta de recursos, un problema que persiste desde el sexenio anterior.
La pobreza bajó del 41.9 por ciento en 2018 al 36.3 por ciento en el 2022, pero el déficit fiscal y la ausencia de una reforma fiscal aprobada limitan el financiamiento para seguridad y búsqueda. La militarización, criticada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2022, sigue sin revertirse, y las regiones del país fuera del control estatal, como partes de Michoacán, no muestran mejoras.
Grupos de búsqueda, como Hasta Encontrarte, informan que el Estado sigue dependiendo de sus esfuerzos, con más de 4.800 fosas localizadas desde el 2006, mientras las autoridades no garantizan protección ni resultados. La falta de coordinación, recursos y voluntad política, combinada con la complejidad del crimen organizado, explica la ineficacia de estas medidas hasta marzo de 2025.
Ramírez de Velasco®