SINALOA El Reino del Narco

La violencia en México no tiene límites

Veinte muertos, cuatro decapitados en un puente: la guerra del cártel desafía al Estado, exponiendo la fragilidad de México ante el crimen organizado

En la madrugada del lunes, la carretera México 15, que conecta Culiacán con el resto de Sinaloa, se convirtió en un macabro escenario de violencia. Las autoridades encontraron 20 cuerpos sin vida: cuatro decapitados, colgados de un puente, y 16 más apilados en una camioneta. Este acto brutal, atribuido a la guerra interna del Cártel de Sinaloa, es un recordatorio escalofriante de la lucha sin fin contra el narcotráfico en México. La disputa entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza” ha sumido al estado en un caos que pone a prueba la capacidad de los gobiernos para contener la violencia.

La captura de Ismael Zambada, “El Mayo”, en julio de 2024, en un procedimiento que destapó traiciones internas, marcó el inicio de esta escalada. La rivalidad entre los hijos de Joaquín Guzmán, “El Chapo”, y los aliados de Zambada ha desatado una guerra por el control de rutas y territorios clave. Desde entonces, Sinaloa registra cerca de 2.000 asesinatos y desapariciones, según la Fiscalía estatal. Este no es un problema nuevo, sino la continuación de décadas de políticas gubernamentales que han oscilado entre la confrontación directa y la tolerancia implícita.

Los gobiernos mejxcanos han enfrentado el narcotráfico con estrategias dispares. Durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), la “guerra contra el narco” desplegó miles de soldados, pero dejó un saldo de 19.000 muertos y críticas por su enfoque militarista. La administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) prometió reducir la violencia, pero los sobornos y la corrupción, como el caso de Genaro García Luna, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa, minaron su credibilidad. Estas políticas inconsistentes permitieron que los cárteles se fortalecieran, infiltrándose en las oligarquías políticas y económicas.
Bajo Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la estrategia de “abrazos, no balazos” buscó abordar las raíces sociales del crimen, y evitó confrontar directamente a los cárteles. El episodio de 2019 en Culiacán, cuando el gobierno liberó a Ovidio Guzmán tras un cerco de sicarios, evidenció la debilidad estatal frente al poder del narco. Esta postura permitió que el Cártel de Sinaloa mantuviera su dominio, mientras la violencia se normalizaba en regiones como Sinaloa, Chihuahua y Sonora.
La llegada de Claudia Sheinbaum en el 2024 trajo una estrategia más técnica, liderada por Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad. Con despliegues de 10.000agentes de la Guardia Nacional y procedimientos focalizados, el gobierno ha capturado a figuras clave del cártel y desmantelado laboratorios. Sin embargo, los resultados son limitados: los homicidios en Sinaloa crecieron un 276 por ciento en los primeros meses del 2025, según México Evalúa. La violencia no cede, y las desapariciones han aumentado exponencialmente.
El conflicto en Sinaloa también tiene ecos internacionales. La designación de cárteles como organizaciones terroristas por parte de Donald Trump en 2025 ha presionado a México para endurecer su postura, bajo amenaza de aranceles. Sheinbaum ha respondido con despliegues militares, pero critica la falta de transparencia de Estados Unidos sobre acuerdos con “Los Chapitos”. Esta tensión diplomática complica la cooperación binacional, mientras el fentanilo sigue fluyendo hacia el Estados Unidos.
La sociedad sinaloense vive atrapada en el fuego cruzado. Toques de queda, cierre de negocios y desplazamientos masivos, como los 4.400 que se conocieron en el 2024, reflejan el costo humano de esta guerra. La “narcogentrificación” en Culiacán, con el auge inmobiliario ligado al lavado de dinero, agrava la crisis. La gente, desprotegida, enfrenta un estado de sitio cotidiano.
El Cártel de Sinaloa, con su estructura de red y contactos globales, muestra una resistencia que desafía las políticas gubernamentales. Su capacidad para sobornar y adaptarse, incluso tras la caída de líderes como “El Chapo” y “El Mayo”, lo mantiene como la organización criminal más poderosa del hemisferio. La fragmentación interna, lejos de debilitarlo, ha multiplicado la violencia.
La tragedia de Sinaloa expone el fracaso de los enfoques reactivos. Los gobiernos, tanto de López Obrador como de Sheinbaum, han priorizado parar la violencia sin atacar las raíces del problema: la desigualdad, la corrupción y la demanda de drogas de Estados Unidos. Mientras persistan estas condiciones, los puentes de Culiacán seguirán siendo escenarios de horror.
Por si fuera poco, la elección popular de jueces abre la puerta a campañas financiadas por dinero ilícito y al clientelismo judicial. En regiones controladas por el narco, estos grupos pueden imponer candidatos afines, debilitando aún más la independencia del Poder Judicial. La justicia dejaría de responder a la ley para someterse a la lógica territorial del crimen organizado. El resultado: más impunidad para los narcos y menos protección para la ciudadanía.
Para México, el desafío es mayúsculo. La estrategia de Sheinbaum debe ir más allá de procedimientos y capturas. Sin una reforma estructural que desmantele las redes de complicidad y fomente el desarrollo social, Sinaloa seguirá siendo un campo de batalla, y los cárteles, un poder paralelo que dicta el destino de miles.
Ramírez de Velasco®