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| La sede de la Universidad Centroamericana |
El 16 de agosto de 2023, se confirma la confiscación de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, ordenada por el régimen de Daniel Ortega
El 16 de agosto de 2023, se confirmó la confiscación de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, ordenada por el régimen de Daniel Ortega mediante un oficio judicial emitido por la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua. Se acusó a la institución de “terrorismo” por supuestamente organizar grupos delincuenciales durante las protestas de 2018. Se suspendieron todas las actividades académicas y administrativas, y se ordenó la incautación de bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias y productos financieros a favor del Estado.
La acusación de “terrorismo” se basó en la participación de la Universidad en las protestas de 2018, cuando abrió sus puertas a manifestantes heridos que huían de la represión policial y paramilitar. Según organismos de derechos humanos, estas protestas dejaron más de 300 muertos. El régimen de Ortega sostuvo que la universidad organizó grupos armados y encapuchados, empleando métodos terroristas que causaron pérdidas económicas y desestabilizaron el país.
El 16 de agosto, se emitió un comunicado en que UNiversidad confirmó la suspensión de todas sus actividades. Se informó a la comunidad universitaria que las operaciones quedaron paralizadas hasta nuevo aviso. Se calificó la acusación de “infundada” y se rechazaron los señalamientos del régimen. La institución no pudo continuar sus funciones debido a la inmovilización de sus recursos.
El 17 de agosto, el Consejo Nacional de Universidades, controlado por el régimen, aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, que operó en las instalaciones confiscadas de la Universidad Centroamericana. Se nombraron nuevas autoridades para el recinto, que reemplazó a la institución jesuita. El nombre rindió homenaje a un guerrillero sandinista asesinado en 1967.
Desde diciembre del 2021, el régimen de Ortega clausuró 26 universidades privadas, de las cuales 11 fueron confiscadas. Se incluyó a la Universidad Centroamericana en esta lista, sumando 27 centros educativos afectados. Se señaló que estas medidas buscaban eliminar espacios de pensamiento crítico y consolidar el control estatal sobre la educación superior.
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús condenó la confiscación. Se calificó como una represalia por el compromiso de la Universidad con la justicia, la verdad y la libertad. Se destacó que la universidad sufrió asedio desde 2018, con congelamiento de cuentas, auditorías y exclusión del presupuesto estatal del 6 por ciento constitucional.
Organismos internacionales criticaron la medida. Se advirtió que la confiscación afectó gravemente el derecho a la educación. Gobiernos como los de Estados Unidos, Colombia y Chile, junto con asociaciones universitarias, expresaron su rechazo. Se subrayó que la acción violó la autonomía universitaria y el libre pensamiento.
El 23 de agosto, se disolvió la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua. Se confiscaron todos sus bienes, hasta las residencias jesuitas. Se alegó incumplimiento en los informes financieros del 2020 al 2022 y la caducidad de su junta directiva desde el 2020.
Ramírez de Velasco®
En la nota se puede reemplazar el nombre de Nicaragua por el de cualquiera de los países en los que gobernó o gobierna un régimen socialista marxista, y todo encaja perfectamente. El experimento de implantar esa ideología continúa dando exactamente los mismos resultados.
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