1990 CALENDARIO NACIONAL Veto

Ushuaia

El 10 de mayo de 1990, culmina el proceso que convirtió al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en una provincia

El 10 de mayo de 1990, mediante un decreto, el presidente Carlos Saúl Menem vetó parcialmente una Ley 23.775, sancionada por el Congreso el 26 de abril de ese año, culminando el proceso que convirtió al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en una provincia argentina. El veto eliminaba un artículo que incluía una consulta popular previa, agilizando el proceso. Así, la Ley 23.775 sentó las bases legales para la autonomía política, administrativa y económica de Tierra del Fuego como provincia, formalizando su integración plena al federalismo argentino.

Este hecho marcó el inicio de una serie de cambios administrativos, políticos y económicos en la región más austral del país. La provincialización entró en vigor tras la jura de la Constitución provincial el 1 de junio de 1991, pero las bases prácticas se asentaron desde la declaración oficial.

La transformación de territorio nacional a provincia otorgó a Tierra del Fuego autonomía política y administrativa. Antes de 1990, la región era gestionada directamente por el gobierno nacional a través de un gobernador designado, con limitada representación en el Congreso. Tras la provincialización, se estableció un gobierno provincial con tres poderes: Ejecutivo, encabezado por un gobernador elegido por voto popular; Legislativo, con una Legislatura unicameral; y Judicial, con tribunales propios. El 17 de diciembre de 1991 se constituyó la primera Legislatura provincial, y las primeras elecciones de autoridades se realizaron ese mismo mes, asumiendo el 10 de enero de 1992.
Un cambio inmediato fue la convocatoria, mediante el Decreto Nacional 1491 del 3 de agosto de 1990, para elegir 19 convencionales constituyentes. Estos redactaron la Constitución provincial, sancionada el 17 de mayo de 1991, que definió la estructura institucional y los derechos de los habitantes. La provincia pasó a tener dos senadores y un número variable de diputados en el Congreso Nacional, ajustado según el censo poblacional, reemplazando a los anteriores delegados territoriales sin voto.
En términos administrativos, Tierra del Fuego asumió competencias que antes manejaba la Nación, como la educación, la salud y la seguridad. Esto implicó la creación de organismos provinciales, como la Policía de Tierra del Fuego, y la transferencia de escuelas y hospitales al control local. Los bienes inmuebles del dominio nacional dentro de los límites provinciales, salvo aquellos reservados para uso federal, pasaron a la provincia, según lo estipulado en la Ley 23.775, fortaleciendo su capacidad de gestión territorial.
En lo económico, la provincialización mantuvo el régimen de promoción industrial establecido por una ley de 1972, que eximía de impuestos a actividades industriales en el lugar. Sin embargo, la nueva condición permitió al gobierno provincial negociar directamente recursos con la Nación y establecer políticas fiscales propias, como la creación del Banco de la Provincia, encargado de actuar como agente financiero del Estado local. La explotación de recursos naturales, como el gas y la pesca, también comenzó a coordinarse desde la provincia, aunque sujeta a regulaciones nacionales.
La delimitación territorial se ajustó al sector oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y otras islas menores, excluyendo explícitamente a las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y el sector antártico, que quedaron como territorios nacionales bajo tratados internacionales. Esto clarificó la jurisdicción efectiva de la provincia, que abarca 21.571 kilómetros cuadrados, frente a los 1.002.445 kilómetros cuadrados nominales que incluyen los territorios en disputa.
En la práctica, la provincialización integró a Tierra del Fuego al sistema federal argentino, dotándola de herramientas para gestionar su desarrollo, representar a sus 185.732 habitantes —según el censo de 2022 —y consolidar su identidad como la provincia más joven del país.
Juan Manuel Aragón
Ramírez de Velasco®