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1990 CALENDARIO NACIONAL Feu Rouge

María Soledad Morales

El 7 de septiembre de 1990 María Soledad Morales va a una fiesta de la que la llevarían a una discoteca para drogarla, violarla y matarla


El viernes 7 de septiembre de 1990, María Soledad Morales, alumna de quinto año del secundario fue a una fiesta en le Feu Rouge, para recaudar dinero para el viaje de egresados de su curso, en el Colegio del Carmen y San José. 
Nacida el 12 de septiembre de 1972 en San Fernando del Valle de Catamarca, fue muerta la madrugada del 8. Según dilucidó la Justicia Luis Tula, su novio, doce años mayor, la entregó a Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, que la llevó a una fiesta en la que también estaban Pablo y Diego Jalil (sobrinos del Intendente de la ciudad), Arnoldito Saadi (primo del gobernador Ramón Saadi) y Miguel Ferreyra (hijo del jefe de la policía). La drogaron con cocaína y abusaron sexualmente de ella.
En 1998, ocho años después, Tula fue condenado a nueve años de prisión como partícipe secundario de la violación y el asesinato, y Luque a veintiún años de prisión como autor material del crimen.
Hoy no queda nadie preso por esta muerte.
María Soledad nació el 12 de septiembre de 1972 en Valle Viejo, Catamarca. Hija de Elías Morales, empleado público, y Ada Rizzardo, le gustaba escribir poemas, era buena estudiante y quería ser maestra jardinera, pues al ser una carrera corta, con el sueldo, ayudaría en los gastos de la casa.​ Era la segunda de siete hijos de una familia de clase media trabajadora.
Sus padres le dieron permiso para dormir en la casa de una compañera suya, y María Soledad avisó que regresaría cerca de las 4 de la tarde del día siguiente.
Durante la madrugada del sábado 8 de septiembre, entre las 3 y las 3 y media de la madrugada, Luis Tula, su novio, la recogió en la discoteca donde se celebraba la fiesta de sus compañeras y la invitó a ir a la discoteca “Clivus”. Ahí le presentó a hijos de funcionarios y policías de la provincia, entre los que estaba Guillermo Luque. Según testimonios de empleados de la discoteca, salió de “obnubilada”, acompañada de varios hombres que la subieron a un vehículo. Nunca más la vieron viva.
A las 9 y media del lunes 10 de septiembre de 1990, en el Parque Daza (a 7 kilómetros de San Fernando, sobre la ruta 38),​ el cuerpo de María Soledad fue hallado por obreros de Vialidad Nacional. Había sido violada de manera salvaje. La escena del crimen fue adulterada, manipulada por tres individuos vistos por un colectivero.
Se supo que la joven murió de un paro cardíaco provocado cocaína que le habían obligado a consumir sus secuestradores, violadores y asesinos. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas, pues su cuerpo estaba desfigurado del todo, con la mandíbula quebrada, quemaduras de cigarrillo, le faltaba cabello, las orejas y un ojo.​
Desde el principio las pesquisas fueron demoradas y manipuladas. El jefe de la Policía de la Provincia, Miguel Ángel Ferreyra ―padre de uno de los asesinos― al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran, borrando huellas y señales de modo irrecuperable.​
Los primeros rumores indicaron que los asesinos eran parientes de funcionarios, a los que se llamó “hijos del poder”. Los medios de comunicación publicaron los nombres de los sospechosos del crimen.​
Hubo una tardanza de más de dos meses en abrir la investigación judicial, y cuando la justicia intervino, el favoritismo hacia los involucrados era evidente.
Fue entonces que Ángel Luque ―diputado nacional catamarqueño y padre de Guillermo Luque―, declaró que, si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. Esta declaración llevó a su expulsión del Congreso y a que en 1991 el gobierno nacional interviniera el poder judicial de la provincia, luego el poder legislativo y finalmente el poder ejecutivo, destituyendo a Ramón Saadi.
El presidente Carlos Menem envió como interventor a Luis Prol. También envió a Luis Patti, subcomisario retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que también demostró falta de voluntad en la resolución del caso y complicidad con los acusados.​
Solo dos personas fueron condenadas por "violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes", pero se calcula que participaron más hombres en el crimen. Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión y Luis Tula a nueve años.​ Hoy están en libertad.
En 1996 comenzó el juicio oral por el asesinato de María Soledad. La televisión nacional cubrió ampliamente el juicio transmitiéndolo en directo y registró en detalle los gestos de los jueces que evidenciaron una actitud parcial. Los gestos del juez Juan Carlos Sampayo fueron reiterados por Canal 13 (de Buenos Aires) ―que había sido autor de la primicia, alertado por un televidente― y por el resto de la televisión nacional y produjeron un nuevo escándalo que llevó a la anulación del juicio.
En 1997 se celebró un nuevo juicio, esta vez el juez fue el santiagueño Santiago Olmedo, que no permitió que las cámaras de televisión registraran el juicio en directo.​ Las condiciones políticas en el país y en la provincia habían cambiado, y el 27 de febrero de 1998, Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales, pero cumplió sólo catorce años, y Tula fue condenado a 9 años como partícipe secundario del delito de violación.
El tribunal ordenó investigar el encubrimiento, pero ese trámite no se cumplió. El encubrimiento podría haber llegado hasta la plana mayor de la policía catamarqueña, al entonces gobernador Ramón Saadi, al subcomisario Luis Patti y a al presidente Carlos Menem.​
Después del asesinato hubo masivas “marchas del silencio” organizadas por la monja Martha Pelloni, rectora del colegio de monjas del Carmen y San José, en reclamo de justicia.
Con treinta años cumplidos del asesinato de María Soledad, continúa sin aclararse la participación de otras personas en el asesinato.
Su caso se replicaría en Santiago del Estero, en el 2003, cuando la muerte de dos jóvenes, Leila Bshier Nazar y Patricia Fernanda Villalba, también conmovió a la sociedad santiagueña, hizo caer el gobierno de Carlos Arturo Juárez intervenido por el Congreso Nacional y también hubo acusaciones de que participaron “hijos del poder”. A diferencia del caso catamarqueño ningún pariente de funcionario o valido del poder fue acusado y hubo mucho temor de la ciudadanía y complicidad de la prensa cuando se desarrolló el juicio.
©Juan Manuel Aragón

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