RECORDACIÓN Qué pasó el 16 de diciembre de 1993

Imagen que dio la vuelta al mundo

Una pueblada derrocó al gobierno, incendió la sede de los tres poderes del Estado y saqueó y destruyó la casa de dirigentes políticos

Durante unas horas, el 16 y 17 de diciembre de 1993 no hubo autoridades en la provincia, la sede de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial y las casas de los principales políticos fueron saqueadas e incendiadas, luego de largos meses en que los empleados públicos y proveedores de la provincia no cobraban lo que el Estado les debía. Hasta hoy se recuerda ese acontecimiento como el “santiagazo” o el “siestazo” y en las líneas que siguen, escritas de memoria, se intentará explicar qué sucedió.

Una muchedumbre enardecida ajustó cuentas con muchos protagonistas de ese momento, pero también cayeron en la volteada otros que nada habían tenido que ver con las penurias de los empleados públicos. La primera evidencia que surge de una lectura rápida de los hechos, es que se trató de un violento golpe sobre la mesa de uno de los ignorados actores de la vida social y política de la provincia, los empleados públicos.

Pero nada más que un golpe fue aquello, como que dos años después, Carlos Arturo Juárez fue gobernador nuevamente, en elecciones limpias y en las que obtuvo más votos que todos sus contrincantes. Su casa fue una de las que cayó en manos de los saqueadores, que no dejaron ni siquiera los azulejos de la cocina como recuerdo de lo que había sido.

El entonces gobernador Fernando Martín Lobo, que había asumido el 28 de octubre, recién el 15 de diciembre a la noche anunció un gabinete propio. Fueron suficientes esos cuarenta días para que una olla que venía hirviendo desde 1991 o quizás antes, alcanzara su máxima presión y finalmente explotara.
La debacle financiera de la provincia comenzó cuando César Eusebio Iturre, el gobernador que asumió el 10 de diciembre de 1987, quiso hacerse con el poder real de la provincia cortando lazos con el juarismo. Muchos dirigentes se resistieron, por lo que hubo que convencerlos entregándoles dinero en efectivo. Juaristas “perros”, que meses antes juraban ante Dios que nunca abandonarían a Juárez, finalmente se convirtieron en iturristas de la primera hora, convencidos y fanáticos.
Los santiagueños vieron pasar el desfile ominoso de los que se dieron vuelta, adhiriendo al nuevo tiempo que llegaba a estas tierras. Algunas reparticiones públicas fueron entregadas como botín de guerra a fervientes adherentes a la Corriente Renovadora, el partido fundado al efecto. En esos cuatro años hubo una pelea desgastante contra Juárez, mientras en el país llegaba al gobierno Carlos Saúl Menem, que forzó a las provincias a un ajuste tan brutal, que hasta nacieron “cuasi monedas”, fruto de la desesperación de algunos gobiernos provinciales por no caer en la bancarrota. Santiago estaba a punto caramelo.
La lluviosa mañana de octubre de 1991, cuando tras las elecciones de gobernador, el dirigente radical José Luis Zavalía gritó: “¡Fraude!”, arrastró tras de sí a una multitud que lo acompañó en marchas de a caballo desde La Banda a Santiago, concitando también el interés de la prensa nacional. Su constante prédica, primero contra la elección y luego contra el sistema de lemas, que su partido también usufructuó, en cierto modo deslegitimaron al gobernador Carlos Aldo Mujica, delfín de Iturre, que no supo cómo encontrar la vuelta para pagar sueldos y proveedores. Simplemente no alcanzaba la plata.
Cuando a fines de octubre de 1993 renunció a su cargo, su gobierno había sido cooptado por el juarismo, que le impuso funcionarios, intentó torcer el rumbo de la administración y quiso enderezar un barco que iba rumbo al naufragio. Ese año, todos los días había una manifestación frente a la Casa de Gobierno, cuando no eran los docentes, se presentaban los gremios estatales o los jubilados, algunos más combativos que otros, pero todos con el mismo reclamo: querían cobrar los sueldos atrasados. Ni siquiera pedían aumentos, sólo que les dieran lo que era suyo.
El bravo comisario Julio Pastor Olivera, jefe de la Guardia de Infantería, era quien muchas veces y por sí mismo, hablaba con los manifestantes, llevaba sus reclamos o acompañaba a dirigentes de distinta valía y tenor, a presentar sus escritos ante alguna autoridad. Todos los días apostaba a sus policías, acordonados a una distancia prudencial de la Casa de Gobierno para evitar que llegaran hasta la puerta que da a la avenida Rivadavia.
En setiembre de 1991 se había sumado un nuevo actor a la vida social y política de la provincia, el Nuevo Diario. Sus directivos intentaron obtener publicidad oficial, pero fueron prolijamente bloqueados por el otro diario, El Liberal, que por ese entonces tenía cerca de 100 años y estaba consolidado como un poderoso factor de poder en la provincia. Entre ambos, gobierno y diario El Liberal, empujaron a los directivos del Nuevo Diario a inclinarse por apoyar a Zavalía en su cruzada contra el fraude. Desde sus páginas se alentó al incipiente caudillo radical en sus denuncias y de paso se hizo conocido. Aquel error táctico, quizás porque nunca nada le había hecho sombra al diario de la familia Castiglione, fue fatal para aquel sistema de gobierno. Sin el Nuevo Diario, quizás cuando Zavalía denunció fraude, hubiera tenido una repercusión casi nula.
Apenas asumido, Lobo fue a Buenos Aires a entrevistarse con Menem. Necesitaba dinero para oxigenar al menos los primeros meses de su gestión, y entre las muchas necesidades que planteó ante las diversas autoridades con que se entrevistó, estaba la de conseguir pertrechos para la Guardia de Infantería, ya que tenían municiones viejas, con pocos elementos disuasivos, como granadas de gas lacrimógeno y municiones de goma. En la puerta de la Casa Rosada, se topó con Raúl Alfonsín, que en esos días negociaba, como jefe de la oposición, lo que luego se conocería como el “Pacto de Olivos”, para reformar, de apuro, la Constitución Nacional. Alfonsín lo hizo pasar primero, pues entendía y así se lo dijo a Lobo, que las gestiones de un gobernador siempre eran más importantes.
A su regreso, Lobo trajo alguna promesa de fondos del gobierno nacional y la decisión de esperar a algunos amigos, que el 10 de diciembre dejarían de ser diputados nacionales, para nombrarlos funcionarios. Sobresalían Luis Uriondo que el 15 de diciembre asumió como ministro de Gobierno y Antonio Aizar Assefh, que volvió a Economía.
Luego de asumir hicieron saber cómo se pagarían los sueldos de los empleados públicos. Algunos recién terminarían de cobrar en marzo, mientras otros, como los contratados, quedaban diferidos ´sine die´. Assefh, acostumbrado a ser acariciado por el diario El Liberal, brindó una tensa conferencia a los periodistas, quiso acordar reglas claras, pero se ofendió cuando le avisaron que uno de los periodistas del Nuevo Diario le estaba grabando la conversación y lo amonestó.
Zavalía venía anunciando que el viernes 17 de diciembre, acompañado de la multitud de siempre, entraría, con caballo y todo, a la Casa de Gobierno. Ese jueves Olivera dio franco a los policías de la Guardia de Infantería, cansados luego de un año largo de trabajo duro, para que estuvieran frescos cuando llegara Zavalía montado en su zaino. “Sabíamos que el Loco (como le decían) era capaz de cumplir su promesa”, confesaría después.
A las 8 de la mañana de jueves 16, ya había manifestantes frente a la Casa de Gobierno. Olivera acudió con los pocos policías que tenía a disposición, hasta el cocinero de la Guardia de Infantería se calzó un casco y estaba presente. Pero cuando llegó, la gente ya golpeaba la puerta de la Casa de Gobierno. Acomodó como pudo los pocos efectivos que tenía y se dispuso a resistir. Ninguno estaba autorizado a abrir fuego con balas de plomo, sólo permitió escudos, bastones, algunos cartuchos con balines de goma y gas lacrimógeno. En la calle se había desatado la furia. La turba volcó una camioneta de una repartición pública y le prendió fuego. El dirigente Daniel Cejas repartía bombas Molotov entre algunos jóvenes. La secretaria de la Asociación de Trabajadores del Estado, Luna Aguirre de Castillo al observar que la situación se le iba de las manos y podía ser acusada de sedición, se retiró con algunos pocos seguidores. La policía tiró gases lacrimógenos hasta que se le acabaron. Para peor, el viento ese día corría del sur y sus efectos volvían de la plaza San Martín para colarse en la Casa de Gobierno.
En un determinado momento Lobo, que seguía la situación desde su despacho, acompañado de funcionarios y dos periodistas amigos de El Liberal, tomó la decisión de marcharse en un camión de los bomberos. Olivera, desbordado por los acontecimientos y para evitar el uso de armas de fuego, anunció que se retiraba, no le quedaba nada por hacer.
Después de prender fuego a la puerta de la Casa de Gobierno, los manifestantes entraron a saco, incendiaron lo que pudieron, se llevaron computadoras y otros objetos y causaron todo el daño que les fue posible. Después fueron al Palacio de Tribunales, a pocos metros, cruzando la Alvear, e hicieron lo mismo, luego fue el turno de la Cámara de Diputados y a la siesta, muchos dicen que guiados por una radio de frecuencia modulada, recorrieron las casas de los principales dirigentes de aquel entonces, entrando a la fuerza, saqueando y prendiendo fuego lo que hallaban a su paso. No se salvaron Iturre, que hacía dos años era diputado nacional ni Juárez, por ese entonces senador nacional.
El único que zafó fue Zavalía, que ya vivía en el barrio Reconquista, en una casa que, según declaró públicamente, le había regalado un empresario amigo, porque defendió su propiedad con un grupo de conocidos y correligionarios. Lobo también se salvó porque custodió su casa con la policía pues, en los hechos, todavía era el gobernador. En La Banda los saqueos se reprodujeron, salvo en el domicilio del intendente Héctor Ruiz, que escapó con su familia al negocio de un vecino, y dejó su casa custodiada por afiliados radicales, algo que pocos recuerdan, pues luego tuvo una sinuosa militancia política por varios partidos, aunque en ese momento seguía siendo radical. También hubo connatos de rebelión en otros pueblos y ciudades de la provincia, pero fueron tapados por lo que sucedió en la Capital y La Banda y merecerían un estudio más profundo que excede esta nota redactada a vuelapluma periodística.

La provincia fue intervenida por el Congreso y durante algunas horas, se barajaron los nombres de algunos dirigentes nacionales, como Julio César Aráoz Farajet, “Chiche”, que había sido interventor de Tucumán, pero finalmente el nombramiento recayó en Juan Schiaretti, dirigente cercano al ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo. Juró su cargo en la plaza San Martín, al frente de la todavía humeante Casa de Gobierno ante una tensa multitud, y rodeado de gendarmes de uniforme y de civil, que fueron quienes pusieron fin a la pueblada de Santiago. Anunció el pago de sueldos de los empleados públicos para antes de la Navidad, que ya estaba encima y su gestión estuvo orientada por un lado a lograr que Zavalía no llegara al gobierno y por el otro, a impedir que Juárez se hiciera de nuevo con el poder. Lo de Zavalía lo logró, pero entregó los atributos a Juárez, que ganó en elecciones por cuarta vez la gobernación de la provincia.
Otra historia quizás empezaba en Santiago.
©Juan Manuel Aragón
Monte Rico, Pellegrini, 16 de diciembre del 2022