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| La Amia quedó destruída |
El 18 de julio de 1994 en Buenos Aires explota la Amia (Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas) en un ataque terrorista con coche bomba
El 18 de julio de 1994 en Buenos Aires explotó la Amia (Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas). Fue un ataque terrorista con coche bomba, que sucedió dos años después de que hubiera un atentado similar en la embajada de Israel en Argentina, causando la muerte de 22 personas.
En el 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner y tras doce años de investigación, el fiscal especial acusó al gobierno de Irán de planificar el atentado y a Hezbolá de ejecutarlo, basándose en informes de inteligencia argentinos, norteamericanos e israelíes. La justicia argentina imputó a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés, contra quienes se emitieron alertas rojas de captura aprobadas por Interpol.
Según la investigación, la Argentina fue elegida como blanco tras suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. En el 2003, el exembajador iraní Hadi Soleimanpour fue detenido en Gran Bretaña, pero su extradición fue rechazada.
Durante los primeros años de investigación, la justicia argentina, con apoyo de funcionarios del gobierno de Carlos Menem, encubrió el atentado, imputando a expolicías de Buenos Aires que permanecieron casi una década presos. En el "primer juicio" iniciado en el 2001, los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner eximieron a los agentes de inteligencia de su deber de guardar secreto, revelando un amplio encubrimiento que involucró al juez Juan José Galeano, dos fiscales, altos funcionarios del gobierno de Menem y los servicios de inteligencia.
En el 2004, todos los acusados fueron absueltos y liberados, y el juez Galeano y los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen fueron destituidos por irregularidades en la investigación, incluido el pago ilegal de 400,000 dólares a Carlos Telleldin, supuesto facilitador de la camioneta utilizada como coche bomba.
En el 2004, Kirchner creó la fiscalía especial UFI-AMIA y designó al fiscal Alberto Nisman para dirigirla. En el 2006, Nisman presentó nuevas pruebas tras reexaminar la causa y cruzar cerca de 300 millones de llamados telefónicos, lo que llevó al juez Rodolfo Canicoba Corral a ordenar nuevamente la captura de los imputados iraníes y de un miembro operativo de Hezbolá.
Desde entonces, los gobiernos argentinos han solicitado sin éxito a Irán la extradición de los acusados para ser juzgados en la Argentina o en un tribunal extranjero. En el 2005, los fiscales Nisman y Marcelo Martínez Burgos identificaron al conductor suicida como Ibrahim Hussein Berro, pero en 2017 el FBI determinó que el ADN del terrorista no pertenecía a Berro.
En el 2015, Nisman presentó una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, acusándolos de encubrir a los iraníes mediante un Memorándum de Entendimiento con Irán, pero en el 2021 el tribunal determinó que el Memorándum no constituía un delito.
El 18 de enero de 2015, Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento, horas antes de presentarse ante el Congreso para informar sobre la denuncia. Ese mismo año, la Cámara Criminal y Correccional Federal afirmó que fue un asesinato, pero la causa no fue elevada a juicio y aún estaba en investigación en el 2021. La muerte de Nisman ha generado una fuerte disputa política y sigue sin resolverse completamente.
Pocos meses después de la muerte de Nisman, se inició el segundo juicio de la Amia; el principal acusado era Menem. En el 2019, el tribunal condenó a varios funcionarios por encubrimiento y corrupción, mientras que Menem y el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, fueron absueltos.
En el 2019, Estados Unidos ofreció una recompensa por información sobre Salman Raouf Salman, identificado como coordinador del atentado. En el 2022, una investigación del Mossad reafirmó que Irán fue el autor intelectual del ataque, aunque no participó operativamente. El informe del Mossad identificó a los operativos de Hezbolá y solicitó su detención internacional.
En noviembre del 2022, el fiscal Sebastián Basso imputó a cuatro nuevos sospechosos y en 2023 uno de ellos fue localizado en Brasil. En el 2023, la Amia recibió una amenaza de bomba y la Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, ordenando su juicio por supuesto encubrimiento.
En abril del 2024, la Cámara de Casación Penal consideró el atentado como un delito de lesa humanidad y redujo las penas del exjuez Galeano y el exjefe de inteligencia Hugo Anzorreguy, confirmando que el ataque fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección del gobierno de Irán, con la intervención de Hezbolá.
Juan Manuel Aragón
Ramírez de Velasco®
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