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| Felipe Ibarra |
De la Colonia a los primeros intentos de las Provincias Unidas
Por Castor López
En el recuerdo y la memoria de mis padres, Nieves Ramos Taboada
y Luis López Ruiz, tanto por el afecto, la salud y la educación
que me procuraron, como por su constante preocupación por
infundirme el conocimiento de nuestra historia local
y que seguramente aproveché de manera escasa.
En términos generales, en las diversas investigaciones estadísticas realizadas de la historia económica argentina, se han desarrollado numerosos y excelentes trabajos acerca de la generación y la distribución de la renta nacional durante los aproximadamente últimos 100 años, desde los principios del pasado siglo XX al presente.
A su vez, existen menos pero muy buenos documentos acerca de la performance económica argentina de los alrededor de 50 años inmediatamente anteriores, en el periodo de los años 1865-1915 aproximadamente. Por último, se encuentran muy pocas estadísticas desde los años 1810-1820 a 1865, si bien resultan muy estimables las descripciones y los análisis económicos efectuados de esos años.
Pero, muchos de ellos son todavía solo datos estimados o inferidos, aislados y aun dispersos, sin las suficientes recopilaciones en series de información homologables para el periodo de los años que transcurrieron entre 1810 y 1865, una histórica etapa del país y de nuestra provincia, aún abierta a las polémicas más apasionadas.
A su vez, en estos 3 grandes periodos, que cubren los últimos dos siglos de nuestra historia, son relativamente exiguos los estudios de las economías sub.-nacionales, ya sean estas regionales o provinciales.
Por lo cual, el análisis del desempeño económico local, en los años que Juan Felipe Ibarra ejerció el poder en nuestra provincia, presenta la doble dificultad para su examen: tanto la escasez de la suficiente información estadística y económica argentina, siempre necesaria a modo de marco global, como la de nuestra propia provincia.
Incluso, ese especial periodo de los años 1810-1865, muchas veces calificado como “el bárbaro” de la historia nacional, podría ser denominado, en un símil al de la historia mundial, como nuestra propia “edad media doméstica”. Un muy polémico y discutido intermedio entre la primitiva colonia española, desde mediados del siglo XVI hasta los años 1810-1820 y un posterior periodo de civilización y progreso, desde los años 1850-1860 hasta aproximadamente concluido el primer tercio del pasado siglo XX.
Hace 200 años, en sólo una década, ocurrió una muy rápida sucesión de hechos importantes en el virreinato del Río de la Plata: las invasiones inglesas de los años 1806 y 1807, la revolución del año 1810 en Buenos Aires, tras la noticia de la caída de España ante Napoleón Bonaparte, la asamblea del año 1813, la posterior recuperación del poder de Fernando III en el año 1814 y la congresal declaración de nuestra independencia en el año 1816 en Tucumán.
Además, aquellas y las posteriores convulsiones sociales, políticas y militares y los conflictos de intereses económicos entre el puerto, su misma ciudad y la provincia de Buenos Aires, las provincias del litoral y las del interior mediterráneo, hizo que los intentos de constituir un Estado en aquel extenso territorio, hasta entonces solo un virreinato español más, encontraran muchos y difíciles inconvenientes.
Al menos, para los términos generales de los probablemente muy ambiciosos proyectos de Estado, definidos en los distintos marcos de las instituciones públicas que se imaginaron y propusieron, replicando a otras repúblicas nacientes por entonces, aquellos pensadores revolucionarios.
Aquellas ideas se enfrentaron, durante alrededor de medio siglo más, con la rígida y estructural herencia, tanto cultural como comercial, jurídica y administrativa, de la colonia española, instalada durante más de 200 años, fundamentalmente en el puerto de la ciudad de Buenos Aires.
Hasta aquellos convulsionados años que comienzan a mediados de la primera década del siglo XIX, Santiago del Estero, con su ciudad capital de más de 250 años de antigüedad por entonces, tenia una estratégica ubicación geográfica y militar, previendo allí la necesaria logística, casi a mitad de camino en la ruta comercial que unía el puerto de la ciudad de Buenos Aires con las minas de plata de Potosí, en el virreinato del Alto Perú.
Nuestra provincia disponía por entonces de mercados comerciales asegurados para sus productos en aquellas minas, preponderantemente la provisión de mulas, toda una innovación en el transporte de las cargas en aquellos tiempos. También de prendas textiles y artesanías en general, generalmente en intercambio por el mineral plata. Actuando así la intensa actividad minera de Potosí como una importante periferia comercial externa que, a modo de exportaciones, estimulaban la economía santiagueña.
Por otro lado, contaba también simultáneamente con los resguardos españoles de los productos competitivos foráneos en el puerto de Buenos Aires. A modo de una importante protección arancelaria de su producción local. Experimentaba así nuestra provincia los efectos de un firme crecimiento económico, aunque de opinable sustentabilidad de acuerdo a sus causas, pero que derivaba en un persistente incremento poblacional.
Un censo del año 1778, denominado “de Vertiz” por el Virrey a cargo por entonces, ordenado por Carlos III en el territorio de Santiago del Estero y ejecutado por los sacerdotes en los curatos más importantes, resultaba en unos 15.500 habitantes. Con la particularidad que más del 50% de ellos ya eran de raza negra o mulatos y solo alrededor de un 30% todavía eran indígenas nativos. El restante 15% era una minoría de raza blanca, muchos de ellos españoles.
Poco más de 4 décadas después, nuestro territorio arribaba al año 1819, según un censo provincial, con una población del orden de los 46.500 habitantes, que la ubicaba por entonces como la 3era jurisdicción de aquellas nacientes “Provincias Unidas”, solo después de las de Buenos Aires y Córdoba.
Aquella tasa anual promedio de incremento poblacional, del orden del +5%, que hoy podemos analizarla como un importante proceso de acumulación de capital humano, era seguramente derivada de una similar evolución económica. Estaría explicada, tanto por la estratégica ubicación geopolítica comentada de nuestra ciudad en aquel “camino real”, como por el global arreglo comercial descripto.
Se podría, preliminarmente, asumir la hipótesis que durante la última etapa de la colonia española nuestra economía provincial evolucionaba a una tasa anual de largo plazo convergente con la de aquel crecimiento de su población. Este muy opinable supuesto estaría basado en la ausencia de tecnologías y maquinarias en aquellos tiempos.
Si bien contaban con bueyes y caballos para las tareas productivas agrícolas, la contribución directa del factor humano en todas las actividades productivas y comerciales de entonces, y de los servicios asociados a ellas, era muy relevante. Es muy factible suponer que la función producción económica general de por entonces era directamente proporcional a la disponibilidad de recursos humanos.
En nuestra investigación no se ha encontrado información sustentada acerca del grado de la expansión de la superficie del factor tierra, dedicada a las actividades agropecuarias. Pero, asumiendo que la productividad global se mantuvo constante en aquellas décadas, en las que no hubo aun, al menos por estas tierras, grandes innovaciones tecnológicas ni en los arados para las siembras ni en las formas de las cosechas, como tampoco importantes aportes relativos de revolucionarios conocimientos ni de grandes inversiones de capitales, es posible sostener la existencia de una muy importante, directa y proporcional relación entre la acumulación de capital humano y el crecimiento económico.
Crecimiento económico aquel que, en realidad, seguramente lo experimentaría también toda la región hoy denominada noroeste del país, que ya tenía, en aquel año 1819, una población total del orden de los 250.000 habitantes, más de un tercio de los recursos humanos de las 11 Provincias Unidas. En ese año 1819 Santiago del Estero disponía, como ya se refirió, de alrededor de 46.500 habitantes, casi el 7% de los 700.000 habitantes de aquel embrionario país.
Recordemos que, pese a las importantes declaraciones de la asamblea del año 1813, continuaban vigentes aun muy duras realidades en aquel todavía disperso territorio. Tales como un generalizado trabajo infantil (la expectativa de vida era de solo 30 años) y una todavía intensa utilización del trabajo indígena y de raza negra, bajo variadas figuras laborales coloniales que aún no habían desaparecido completamente.
Al referido ritmo de la progresión poblacional de nuestra provincia en el periodo de los años 1778-1819 lo avalarían los informes intermedios de Alejandro Mala-espina en el año 1789 y del obispo Moscoso del año 1801. Como ya se dijo, sólo la superaban en población Buenos Aires, con su puerto y sus alrededores de 115.000 habitantes y Córdoba con aproximadamente 75.000 pobladores.
Esta ultima, por su mejor y mayor estratégica posición geoeconómica, que resultaba de tránsito obligado de las 2 únicas grandes rutas comerciales de entonces: ambas desde el puerto de Buenos Aires, tanto hacia el puerto de Valparaíso en Chile, como a las referidas minas de plata de Potosí en el alto Perú, principales nodos económicos de toda la región.
Aquella válidamente muy aclamada independencia de nuestro país del Reino de España del año 1810 en Buenos Aires habría provocado, al menos en Santiago del Estero y las demás provincias integrantes de la región noroeste, una muy traumática transformación del arreglo económico colonial preestablecido y vigente hasta entonces, al margen de su calidad y sustentabilidad intrínseca.
La nueva estructura de mercantilización que irrumpió con la independencia, al liberar de la exclusividad de España el comercio del puerto de Buenos Aires, debió resultar necesariamente perjudicial para Santiago del Estero y las provincias de la región noroeste, porque estas continuarían vendiendo sus producciones en forma competitiva, a bajos precios por la intensa utilización de la fuerza de trabajo nativa o negra y por la gran dispersión de sus pequeños productores, pero comprarían ahora a los precios resultantes del puerto de Buenos Aires, ya sin las protecciones arancelarias españolas sobre los productos sustitutivos foráneos.
Se podría pensar que la apertura comercial del puerto generaría importaciones a precios muy inferiores a los vigentes bajo el monopolio español, pero existen muchas razones para suponer que en realidad ello no resulto en un inmediato modelo competitivo sino en uno oligopólico. Además, las protecciones españolas que desaparecieron en muchos casos eran realmente importantes.
Aquel estructural cambio, naturalmente derivó en una generalizada incertidumbre de los principales agentes económicos locales, tales como los importantes proveedores de mulas, los numerosos y atomizados productores textiles, etc. Y, consecuentemente, también en una elevada volatilidad social, política y militar. En sólo 10 años, entre 1810 y 1820, se sucedieron 16 tenientes de gobernadores en nuestra provincia.
Aquella inestabilidad política debió haber resultado particularmente determinante para la asunción al poder de Juan Felipe Ibarra en el año 1820. Convocado, desde la ciudad, cuando estaba ejerciendo la jefatura de la línea de los fortines permanentes, establecidos a todo lo largo de las riberas del río Salado. Donde sus fuerzas defendían a la ciudad, en aquel extenso límite natural de nuestra provincia, de los avances de los llamados “malones” de aborígenes desde el Chaco.
Incluso, considerando la natural idiosincrasia de la época, también debió haber contribuido a su convocatoria y asunción, tanto un muy importante temblor ocurrido en la ciudad en el año 1817, que obligó al planteo de lo que podríamos denominar el primer plan de un relativo ordenamiento urbano de la misma, como que al año siguiente asoló a la provincia una gran sequía, que dejo sin el suficiente pasturaje al ganado mular y vacuno, esenciales para sostener aquella precaria economía, sometida ahora también a traumáticas transformaciones exógenas.
En aquel muy dinámico proceso, tanto económico como social y político, debemos incluir también la propuesta de la constitución nacional del año 1819 que, si bien fue jurada en Santiago el 25 de mayo de ese mismo año, su carácter centralista, incluso con posibilidades monárquicas aun abiertas, provoco insatisfacciones generalizadas en nuestra provincia y en el país.
Asimismo, la inmediata pérdida de los mercados del Alto Perú, aun en manos de los realistas, para las producciones del interior del país, mas la referida y opinable libertad comercial del puerto de Buenos Aires, donde aun tenían continuidad las llamadas “dispensas especiales”, heredadas de las reglas comerciales españolas. Que, a su vez, son la génesis de los históricos “contrabandos legales” del puerto de Buenos Aires, generaron un contexto muy adverso.
Ese contexto, de muy clara génesis en una desorganizada puja por la renta portuaria, fue el que impidió un institucional y pacífico acuerdo económico, político y fiscal, integrador y de largo plazo, entre los 3 grandes bloques territoriales de entonces que pretendían constituir una única nación: el puerto de la ciudad de Buenos Aires y su provincia, las provincias del litoral con sus puertos fluviales sobre los Ríos Paraná y Uruguay y las provincias del interior Mediterráneo, en ese orden de relevancia.
Fallidos los sucesivos pactos y los acuerdos propuestos entre esos bloques: las provincias mediterráneas, del litoral y el puerto de la ciudad de Buenos Aires, se ingresó en un periodo de guerras cívico militares internas, del que Santiago del Estero obviamente no estuvo exento, pese al tratado de paz suscrito con la limítrofe provincia de Tucumán, en Vinara en junio del año 1821.
Los graves conflictos bélicos internos, ya de un decidido carácter de “guerra civil”, se extendieron hasta el año 1853, cuando se sancionó la 1era constitución que puede ser considerada nacional, por el relativo alto grado de consenso alcanzado, luego de la derrota de Rosas ante Urquiza en la batalla de Caseros.
Pese a que los enfrentamientos bélicos internos continuaron con las siguientes batallas de Cepeda y Pavón, entre Urquiza y Mitre, y aún muchas otras más en el interior de aquel todavía proyecto de república, inmersa ahora en una continua y confusa guerra interna.
Aquellas pujas de poderes políticos locales, regionales y nacional, prolongadas por más de medio siglo desde la declaración de la independencia, debió haber demorado muy gravemente el sostenido ritmo de crecimiento económico promedio del orden de, al menos, el referido +5% anual con que probablemente evolucionaba nuestra provincia durante las 3 décadas anteriores a los años 1810-1820.
Fue Juan Bautista Alberdi, en el año 1876 en su obra “Estudios Económicos”, quien primero señalo el histórico y protagónico rol desempeñado por la Aduana para consolidar la hegemonía del puerto de la Ciudad de Buenos Aires y complicar gravemente aquellos intentos de fundar una República. También contribuyo el estudio llamado “El Banco, sus complicaciones con la política del año 1826 y sus transformaciones históricas” de Vicente Fidel López, al señalar los aspectos financieros de aquella época en el año 1891.
Pocos años después, en 1898, fue Ernesto Quesada quien insistía que “la cuestión del Tesoro (mayoritariamente compuesto por los derechos aduaneros portuarios de Buenos Aires) es, en el fondo, el eje de toda la política argentina, desde la misma emancipación”. Quien también señalaba que “aquellas luchas civiles, todas las continuas complicaciones políticas, los unitarios y los federales, los porteños y los provincianos, el caudillaje mismo, todo ha nacido de la puja por el puerto colonial, un grave problema institucional, que ha originado una muy defectuosa estructura económica de nuestro país”.
Luego fue Juan Álvarez, con su excelente obra “Estudio de las guerras civiles en Argentina” en el año 1912 quien exploro, con las suficientes pesquisas documentales, la importante incidencia de la economía en aquellos episodios. Todos ellos visualizaron, muy acertadamente, que la puja por el control del puerto de Buenos Aires fue el corazón de las causas de los fallidos acuerdos. Los estudios se completan con los fundamentales “Aspectos económicos del federalismo argentino” de Mirón Burgin en el año 1946, publicado por la universidad de Harvard, en los EE.UU.
En términos comparativos, aquellas Provincias Unidas disponían, hacia la década de los años 1810-1820, en su conjunto de 11 provincias, que luego evolucionarían a 13 jurisdicciones, de un PIB (Producto Interno Bruto) por habitante (la valoración económica anual de la producción total de bienes y servicios, dividido por su población) levemente superior al equivalente actual de unos u$ 1.100, estimados a paridad de poder de compra, lo cual significa la consideración del poder adquisitivo interno, o sea de la relación de los salarios e ingresos en general con el nivel global de los precios de entonces.
Esta estimación surge de las numerosas y variadas fuentes y referencias económicas investigadas y compiladas por Orlando Ferreres en su importante obra “ 2 Siglos de Economía Argentina”.
Resulta muy oportuno recordar que, en aquel entonces, no existía aún en el mundo la amplia brecha económica actual entre los países hoy ya desarrollados y los que todavía transitaban por las vías del progreso.
Ello ocurría porque, la 1era revolución industrial, iniciada en Inglaterra en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, aún no había logrado que todos sus efectos positivos, en términos de una mayor productividad por la incorporación de las maquinas a los procesos productivos, se traduzcan, en toda la envergadura de su posterior y extraordinaria dimensión, a las economías por entonces asociadas a la evolución del Reino Unido.
Así, resultaba que aquel PIB anual y por habitante, de alrededor del actual equivalente a unos u$1.100, de las Provincias Unidas del Río de la Plata era superior al de países tales como Brasil y México en Latinoamérica y muy similar al de los EE.UU. o Canadá en el Norte de America o a los de España e Italia en Europa.
En realidad ese PIB por habitante era equivalente al promedio de la mayoría de las naciones de la Europa Central. Aunque, ya por entonces, resultaba inferior a los que disponían los Reinos de Holanda o de Inglaterra, entre otras potencias financieras, comerciales y militares ya desarrolladas de la época.
Aquel Santiago del Estero que comenzaba a gobernar Juan Felipe Ibarra en el año 1821 debió estar, como se historió, muy confundido y convulsionado por el abrupto cambio de las condiciones políticas y económicas externas. La libertad comercial de la revolución de mayo del año 1810 provoco, como ya se refirió, que el virreinato del Perú dejo de demandar la producción local y que el puerto de Buenos Aires simultáneamente dejo de impedir el ingreso de los productos importados que competían con la incipiente industria doméstica.
Si bien Santiago del Estero era por entonces un comparativo extenso territorio de alrededor de 7 millones de hectáreas de tierra, la mitad de la superficie provincial actual, pero por entonces eran terrenos muy anegadizos, con numerosos pantanos de llanura que impedían una proporcional producción agropecuaria.
Los ríos Dulce y Salado la atravesaban diagonalmente a la provincia, tal cual lo hacen hoy. Pero, sin obras de regulación hídrica alguna, seguían sus ciclos naturales de caudales de crecidas y estiajes, provenientes de las lluvias ocurridas aguas arriba, provocando alternativamente inundaciones y sequías, con los periódicos y sucesivos efectos positivos y negativos en esta así originada “Mesopotamia local”, que era cultivada bajo esas fuertes restricciones naturales.
Además, los incentivos a los prolongados y riesgosos periodos de siembra y de cosecha, deben haber estado muy afectados por los continuos contextos bélicos y los seguramente muy débiles derechos de propiedad de las tierras. Por otro lado, con muy precarios modos de transporte y comunicaciones, aquel vasto territorio ocupado por menos de 50.000 habitantes enfrentaba rígidas limitaciones para un desarrollo económico, ahora necesariamente endógeno.
La situación de los recursos humanos por entonces tampoco resultaba auspiciosa. El analfabetismo era probablemente superior al 95% de la población, como también lo era en general en el resto de las provincias del interior. Las familias tipo de entonces contaban con un promedio de 7 hijos nacidos vivos, con una penosa y muy alta proporción de nacidos muertos o fallecidos a corta edad por pestes o enfermedades, muchas de ellas hoy comunes. Cabe agregar que la esperanza de vida por entonces apenas superaba a los 30 años de edad.
Sólo con estas obligadas y penosas referencias de la situación general de aquellos años, en términos relativos a la salud y la educación de los recursos humanos, es posible evitar actuales inferencias que pudiesen resultar anacrónicas e imaginarse las importantes limitaciones que se enfrentaban por entonces para progresar en la calidad de aquellas trabajosas y cortas vidas productivas.
Ya sea por las grandes distancias al puerto de Buenos Aires o hacia el Alto Perú, que generaban importantes costos del transporte de las producciones locales, o por las eventuales menores condiciones y oportunidades de los recursos humanos locales, pese a que eran casi el 7% del total, resultaría pertinente estimar que el PIB por habitante de nuestra provincia se situaba en el orden de un tercio del promedio nacional.
Solo disponemos del importante estudio efectuado en el año 1996 por el economista Víctor Elías que, para el año 1884, estimo que la relación del PIB por habitante de Santiago del Estero con el similar de Buenos Aires era de un 42%. Estimando, a su vez, una lógica tendencia previa es que se arriba a un nuevo y opinable supuesto de un aproximado 35% como la relación de los PIB por habitante entre ambas jurisdicciones en el año 1820.
O sea que el PIB por habitante de nuestra provincia seria, para aquel año 1820, el equivalente de unos u$385 actuales. Que, a su vez, significarían alrededor de unos u$18 millones como PIB provincial, poco más del 2% del PIB nacional de entonces, de unos u$770 millones actuales. Bajo estas estimaciones económicas, podría resultar otra la visión de aquellas políticas fiscales proteccionistas, impuestas por sus líderes locales, en los territorios provinciales.
Estas han sido generalmente descalificadas porque se superponían con los similares y simultáneos tributos federales. Pero, deben ser analizadas bajo las fuertes restricciones de corto plazo que les imponían a las provincias, tanto la abrupta liberación comercial del puerto de Buenos Aires como las permanentes exigencias bélicas, internas y externas.
En este sentido, resulta imperioso recordar que, por entonces, en nuestra provincia era simultáneamente necesario contener los referidos frecuentes avances de indígenas desde el Chaco y contribuir con hombres para la guerra con el Brasil, iniciada en el año 1825 y que se extendió hasta el año 1828. Este fue otro de los importantes acontecimientos nacionales ocurridos durante el extenso periodo de poder de Ibarra en nuestra provincia.
Los esquemas tributarios locales estaban constituidos principalmente por 3 grandes fuentes: las contribuciones internas directas, las llamadas “alcabalas” o aranceles que se imponían, tanto a las importaciones extranjeras (llamadas “de Castilla o ultramar”) como a las de otras provincias (denominadas “frutos del país”) y los peajes al tráfico de las cargas (catalogados como “pisos de carretas”).
El estudioso Alejandro Yocca, en su valiosa investigación del año 2008 “Caudillos y negocios provincianos: la economía santiagueña desde balances y libros caja del gobierno de Ibarra 1820-1851” desarrolla un prolijo flujo de ingresos nominales de las cuentas públicas provinciales que, corregidas por las relevantes variaciones de precios internos de entonces, permite apreciables inferencias.
Todas estas imposiciones fiscales en su conjunto podrían ser interpretadas como lógicas reacciones inmediatas al ingreso de los productos industrializados importados, que impactaban muy gravemente sobre las atrasadas industrias regionales y, por ende, sobre sus economías.
Atraso industrial que, a su vez, resultaba una natural consecuencia del régimen colonial español, heredado inevitablemente del puerto de Buenos Aires, fuertemente mercantilista y proteccionista.
Cabe señalar qué aquellas Provincias Unidas del Río de la Plata ocupaban sólo un tercio del actual territorio argentino, si bien anexaban algunas regiones que hoy pertenecen a actuales países limítrofes, tales como Chile, Bolivia, Perú y Paraguay.
Como muy bien lo señalan varios y prestigiosos autores locales como Alén Lascano, José Achaval y Julio Castiglione, entre otros, toda la actual Patagonia, desde el mismo sur de Córdoba, hasta gran parte de las actuales provincias de San Luis y Mendoza estaba bajo el poder de los ahora denominados pueblos originarios. También lo estaba el este de lo que hoy es Salta y nuestra provincia, el norte de Santa Fe y todo lo que actualmente son las provincias de Chaco y Formosa.
En general, en aquellas economías públicas iniciales del interior mediterráneo, que muchas veces se confundían patrimonialmente con las cuentas personales de los liderazgos locales, cuando los gastos resultaban superiores a los recursos, situación muy frecuente por los permanentes contextos bélicos y porque por entonces casi toda la infraestructura pública estaba aun por construirse, los déficits se financiaban de la única manera posible, en ausencia de un mercado de capitales: no se pagaba y se emitían bonos a largo plazo, que retribuían un interés promedio del orden del +5% anual. Bonos que también circulaban luego como una moneda más.
En cuanto a las contribuciones internas directas, estas eran alícuotas que variaban del +1% al +8% del valor final de los productos, sobre todo tipo de actividad económica, ya sea esta industrial, comercial o de servicios. Tenían vigencia autónoma y directa en cada territorio independiente de aquel embrionario país.
Además, estos tributos se superponían y se encadenaban entre si, provocando un efecto fiscal multiplicador, llamado también “en cascada”, cuando se transportaban los productos a través de las diferentes provincias, encareciendo las transacciones económicas y retrasando el progreso en general.
Asimismo, aquellas economías subnacionales eran intrínsecamente muy cerradas porque los propios sistemas de transporte y comunicaciones se reducían a jinetes y carretas que transitaban largas distancias por muy precarias sendas y caminos. Además, los mismos cursos de agua eran barreras infranqueables en épocas de crecientes. Todo ello encarecía los fletes para el intercambio y evitaba una plena especialización productiva y el desarrollo de las naturales ventajas comparativas en cada provincia.
Al desorden fiscal referido se le unía una anarquía monetaria. En los años 1810-1820 circulaban, y eran aceptadas simultáneamente, en los diversos territorios provinciales distintas y muy variadas monedas, incluso las de los países limítrofes. Las monedas, aun las de plata u oro, eran naturalmente de baja denominación, lo cual limitaba su aplicación solo a las operaciones económicas poco relevantes, restringiendo también las transacciones.
Las monedas se hallaban respaldadas solamente por el propio valor intrínseco del metálico en que estaban producidas, sea oro, plata o distintas aleaciones. La moneda predominante hasta el año 1826 era la llamada “macuquina” (Mm) de un peso de 27 gramos de plata, con una equivalencia a unos 8 Reales españoles. Recién a partir del año 1826 se emitieron los primeros pesos papel ($p), con una equivalencia inicial de 1 a 1 con la referida moneda macuquina.
Se estima que todos los billetes, bonos y monedas por entonces en circulación, mas los asientos de las pocas cuentas corrientes y depósitos a la vista existentes en las pocas instituciones que oficiaban a modo de “bancos”, no alcanzaban a totalizar un 10% del PIB de las Provincias Unidas, o sea que solamente significaban el equivalente a unos u$70 millones actuales, según las ya referidas estimaciones de Osvaldo Ferreres. Constituyéndose en otra importante limitación de las transacciones.
En esas economías sin maquinas ni tecnologías, con sus recursos humanos reclutados para los permanentes conflictos bélicos internos y externos, con precarios sistemas de transportes y comunicaciones, con desorden fiscal y monetario, es que debemos fijar los contextos de cualquier análisis. Pues, aunque atrasadas, las incipientes industrias del interior habían logrado algún grado de destreza propia.
Porque, además de satisfacer necesidades locales, en algunos pocos procesos, como lo era el de la artesanal industria textil de nuestra provincia, habían alcanzado crecientes excedentes para exportar a otros territorios del imperio americano colonial del Reino de España. Por el contrario, la revolución del año 1810 resulto inicialmente muy favorable para la industria ganadera.
Más precisamente para los cueros y las carnes. En ese orden por la ausencia de la industria con frío. También para el comercio de ultramar del puerto de Buenos Aires, que reacciono muy rápido y competitivamente a aquella apertura comercial, trayendo azúcar y arroz de Brasil, vino y coñac de Portugal y tejidos de Inglaterra, entre otros productos.
A la administración de Ibarra también le toco coexistir, apenas asumió en el año 1821, con la llamada “crisis unitaria”, que seguramente también obligo a la 1ª emisión de la denominada “plata ibarrista” (más adelante, en el año 1840 efectuaría una 2ª emisión) y con el 1er préstamo externo tomado por las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, con la banca inglesa Baring Brothers.
Y a los pocos años, en 1828, también coexistió con la 1ª cesación de pagos, que fue anunciada por Manuel Dorrego, al que Ibarra era muy cercano y, como tal, lo había designado como un frecuente diputado representante de la provincia de Santiago del Estero en aquellos frecuentes congresos y asambleas de los intentos de organización nacional.
Con ello, también resulto muy relevante las diferentes variaciones de muchos de los precios de los diversos productos primarios de la época, modificando también la estructura de los precios relativos.
Según las investigaciones recopiladas por el ya referido Orlando Ferreres, en el año 1851 la población del país había evolucionado a alrededor de 1.160.000 habitantes y su PIB agregado a más de u$1.500 millones actuales.
De lo cual resultaba un PIB por habitante de alrededor de u$1.300 actuales. Manteniendo el supuesto asumido de una similar evolución del PIB por persona de nuestra provincia, en el orden del 35% de su símil nacional, resultaría que nuestro PIB por habitante del año 1851 debió haber sido de poco más de u$450 anuales y, considerando que, según un censo confederal del año 1858, la población de Santiago era de unas 77.500 personas, se podría asumir que, unos pocos años antes, en 1851, la población sería de alrededor de poco más de 70.000 habitantes.
Por ende, el PIB provincial podría estimarse en poco más de unos u$30 millones actuales, manteniendo su proporción frente al PIB nacional en un 2% durante los más de 30 años. Con esos ratios es posible estimar la tasa de crecimiento poblacional en aproximadamente un +2% anual en aquellas poco más 3 décadas que van desde los años 1820 a 1851.
Considerando todas las dinámicas y cambiantes condiciones internas y externas sumariamente descriptas, muchas de ellas con efectos económicos muy traumáticos y desfavorables, que se presentaron y atravesaron en nuestra provincia en las 3 décadas siguientes al proceso de la independencia nacional de los años 1810-1820, con el cargo del poder local en Juan Felipe Ibarra, y bajo los numerosos supuestos que necesariamente se debió asumir, reconociendo a muchos de ellos aun muy opinables, se podría concluir que el haber atravesado tan traumático contexto con una caída relativa de la tasa anual promedio de crecimiento económico del +4% o +5% al +1% o +2% no parece un logro menor de nuestra inicial historia económica provincial.
Tomado "Producción académica", libro editado por la Academia de Artes y Ciencias de Santiago del Estero.
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